María José Navarro
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El pasado treinta y uno de marzo, la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana convocaba una oposición para inspectores de tributos. Buena noticia, oferta de empleo público, qué les voy a contar que Vds. no sepan. La oportunidad, no obstante, tenía una característica especial: discriminaba por sexo a favor de los hombres. La base de la convocatoria establecía que, si hubiese empate entre los aspirantes, se adjudique finalmente el puesto al candidato varón porque (argumenta) en este cuerpo superior técnico el «sexo masculino está infrarrepresentado». Los sindicatos están de acuerdo, para empezar, o sea, que hay poco que rascar. Por otra parte, favorecer al hombre por encima de la mujer es tan ajustado a la Constitución como lo contrario, siempre que esté plenamente justificado. Y en el caso de la adjudicación de destino para plazas de empleo público, mientras ese criterio de discriminación positiva se haya incluido en las bases de la convocatoria es absolutamente legal, algo que sí sucede en este caso. Por lo tanto, puede que a estas alturas de la vida moderna nos llame la atención, pero ilegal o irregular no sería, porque además no hay dudas (por lo que dicen sindicatos y partes interesadas) de que existe un proceso previo de valoración de méritos en igualdad de condiciones. Totalmente de acuerdo estoy, que diría Yoda. Dicen los que entienden de esto que hay profesiones donde es imprescindible representación de género igualitaria, cosa que no voy a poner en duda. Me gustaría, no obstante, que se hiciera extensible a los puestos de responsabilidad. Que haya también tantos hombres como mujeres en los organigramas de las empresas, porque están los pobres en inferioridad de condiciones. Ah, no, espera. Que no. Mecachen.
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