Ignorar mejor que disparar

España es uno de los países más seguros del mundo. La afirmación no es discutible. Lo dicen desde hace años, y con gobierno de diferente signo político, las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior. También lo afirman con meridiana claridad las estadísticas europeas que comparan las cifras de criminalidad grave contra las personas o de robos en viviendas en los diferentes países de la Unión. La inseguridad tampoco es uno de los problemas que más preocupan a los españoles, según todas las encuestas de cualquier organismo o empresa de demoscopia.

El nivel de seguridad de nuestro país se ha conseguido gracias fundamentalmente a la eficacia y la profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La acción de ambos cuerpos, encargados de la seguridad ciudadana en áreas urbanas y en el medio rural es altamente valorada por la ciudadanía. Policías y guardias civiles, en coordinación con otras policías integrales y con los cuerpos de policía local, actuando cada uno en el ámbito de sus propias competencias y demarcaciones, ha conseguido no solo que exista una gran seguridad objetiva, sino también una elevada sensación de seguridad desde el punto de vista subjetivo de cada ciudadano.

Por su parte, los gobiernos de diferente color político han mantenido a lo largo de cuarenta años estrategias muy similares en la lucha contra la criminalidad. Con lógicas diferencias y matices como consecuencia de diferencias ideológicas y perspectivas políticas, los grandes partidos que han gobernado España no han hecho del terreno de la seguridad un campo de permanente confrontación. Y cuando excepcionalmente se han producido enfrentamientos y diferencias, se ha intentado recuperar el consenso en aras del interés general. Todos los gobiernos, en la medida en que lo ha permitido la coyuntura económica, han apostado por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dotándoles de mejores medios o aumentando el presupuesto para incrementar sus miembros.

Del mismo modo, se han producido reformas del Código Penal que responden a diferentes perspectivas de política criminal. También en este terreno ha habido lógicas diferencias, pero en general las líneas básicas no han sufrido reformas y contrarreformas sustanciales y permanentes. Esta importante circunstancia ha dado lugar a que los tribunales hayan acompañado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de crear ese clima de seguridad que, por ejemplo, es tan bien valorado por los millones de turistas que nos visitan cada año.

Merecería la pena que ese consenso de los grandes partidos se mantuviese intacto. En un país en el que tan difícil es llegar a grandes acuerdos que permanezcan en el tiempo, nadie debería estar tentado, y menos por propuestas de fuerzas minoritarias, a liarse a tiros con ocurrencias que no responden a la realidad, que no son una demanda social y, sobre todo que, como reiteradamente se ha demostrado en otras latitudes, son altamente contraproducentes para la seguridad que dicen perseguir. Quizás ignorarlas es mejor que disparar contra ellas.