«Incertidumbre régimen» en Cataluña

La fuga de sedes sociales desde Cataluña no cesa. Ayer mismo, la mítica Codorniu decidió establecerse jurídicamente en La Rioja y días antes tomaron similar determinación empresas igualmente emblemáticas como Catalana Occidente o el grupo Planeta. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó durante el discurso de su (parcial) declaración unilateral de independencia que sólo las grandes empresas estaban abandonando la autonomía. Pero según informan los notarios, sabemos que eso no es cierto: se estima que alrededor de 150 compañías (grandes, medianas y pequeñas) están trasladando diariamente su sede social desde Cataluña al resto de España. Es verdad que este masivo desplazamiento de sedes sociales no tiene, a corto plazo, una influencia directa muy decisiva sobre la economía catalana: apenas se trata de un cambio de estatus jurídico sin demasiadas repercusiones sobre las infraestructuras reales o sobre el personal de las empresas (en muchos casos ni siquiera estamos ante modificaciones de las sedes fiscales).

Sin embargo, sería un error básico tratar de restarle toda la relevancia que sí posee este fenómeno. Este pasado domingo, sin ir más lejos, la Generalitat catalana trató de aguar la cuestión en un documento interno denominado «La situación económica del nuevo Estado catalán». Cito textualmente una de las conclusiones de este informe: «El traslado de la sede social de estas empresas no tiene efectos reales sobre el nivel de actividad, las cuentas públicas o los clientes de estas empresas. Se trata, sobre todo, de una operación preventiva: una operación de comunicación y de mensaje político que no tendrá prácticamente ninguna repercusión económica». Atendiendo a tales palabras, prácticamente no deberíamos estar prestando atención alguna a los incesantes movimientos empresariales. Pero no. El error de la Generalitat es negarse a entender que el traslado de sedes sociales constituye uno de los más claros síntomas de que la región vive inmersa en una grave inseguridad jurídica: y esa grave inseguridad jurídica sí tiene otras repercusiones, quizá menos visibles pero igual de ciertas, sobre el conjunto de la economía. Más en particular, los flujos de nueva inversión también se ven influidos por la intensidad de la incertidumbre socioeconómica: a mayor incertidumbre, menor volumen de nueva inversión.

El economista Robert Higgs incluso ha acuñado un término para describir el frenazo a la inversión privada que tiene lugar en momentos de elevada inseguridad política: «incertidumbre régimen»; es decir, la incertidumbre generada por la arbitrariedad y los bandazos de un determinado régimen político. Cataluña hoy vive elevados momentos de incertidumbre régimen y ello ahuyenta, en lugar de atraer, a la inversión. La fuga de sedes sociales es una clara ilustración de ello.