Independencia no es inmunidad

El Banco de España fue dotado de independencia para preservarlo de la injerencia de los gobiernos sobre sus decisiones de política monetaria y su papel de supervisor de las entidades de crédito. Esa independencia se considera como un elemento imprescindible para lograr una elevada eficacia en el manejo de los asuntos monetarios y bancarios, pues una dilatada experiencia había mostrado que cuando los políticos en activo meten la cuchara en esa materia lo más probable es que, aunque alguien saque tajada, la mayor parte de los ciudadanos salgamos perdiendo. La independencia es así una manera de afrontar la eterna cuestión de la separación entre los políticos y los administradores en favor del interés público –que, evidentemente, no es ni el de los banqueros ni el de los ganadores de elecciones–.

Es verdad que la independencia del Banco de España tuvo dos estorbos desde el principio. Uno es que los puestos de gobernador y subgobernador, así como una parte de sus consejeros, se designan mediante un sistema de reparto de cuotas políticas en el que participan los principales partidos. Y el otro que a una parte de las entidades del sistema crediticio –las cajas de ahorro– se les asignó un supervisor adicional y, por lo general, poco competente que no era otro que el gobierno autonómico de su lugar de residencia. El primero de esos lastres no se notó demasiado hasta que Zapatero nombró a un gobernador que encontró en su militancia partidaria una fuente de inspiración para su dirección bancaria. Se llamaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez y durante su mandato se exacerbaron los negativos efectos del segundo que, aunque venían de lejos, se vieron magnificados.

Ahora la etapa de Fernández Ordóñez está sujeta a revisión porque buena parte de los asuntos que le correspondieron han caído en manos de los jueces. No podía ser de otra manera porque su equivocada gestión dio lugar a una crisis bancaria de inéditas dimensiones en la que, amén de los aspectos delictivos investigados por aquellos, se jugaron muchos dineros públicos que al fin y al cabo han acabado recayendo sobre todos los españoles. Y, de esta manera, estamos teniendo noticia de papeles e informes en los que los funcionarios del Banco de España advertían del abismo al que habría de llegarse mientras el gobernador hacía oídos sordos, se tapaba los ojos y se quedaba mudo.

La historia es siempre, en estos casos, inmisericorde. No me extraña que, por tal motivo, haya quienes quieran ocultarla. Pero lo sorprendente de la situación actual es que sea el propio Banco de España, con el gobernador Linde al frente, quien pretenda hacerlo poniendo trabas a la difusión de los documentos, invocando su supuesto carácter reservado, descalificando a los técnicos que los firmaron y tratando de imponer su interpretación. Más aún, se busca que esos funcionarios no puedan ya expresarse públicamente, incluso cuando quieran doctorarse en una universidad. Al parecer Linde persigue que la institución quede exenta de crítica confundiendo la independencia con la inmunidad.