La cacería

La pieza a cobrar no es la Infanta Cristina. La extrema izquierda, la que desde los despachos mueve los hilos de las movidas callejeras como la del barrio de Gamonal en Burgos, o su incomprensible réplica en la Puerta del Sol de Madrid, llevan años conspirando para subvertir la realidad institucional de España plasmada en la Constitución del 78. Creado el ambiente del «todo vale» al calor de una crisis que ha estado a punto de llevarse por delante no ya a gobiernos, sino al propio sistema, esa izquierda extrema (para ser políticamente más correcto) considera a Doña Cristina como un peón que deje el pasillo por el dar jaque al Rey. Ni más, ni menos. Por eso se empeñan en convertir la declaración del próximo día ocho de febrero en un espectáculo mediático-circense a cuenta del paseíllo para entrar en el juzgado de Palma. Se trata de los mismos que nunca han puesto pegas para que otros imputados entraran por los garajes de las audiencias y los juzgados ordinarios. Asegurar que evitarle esos metros de cámaras, micrófonos, y seguramente pancartas y algún que otro grito insultante, es un trato de favor que demuestra que no todo el mundo es igual ante la Ley es un auténtico insulto a la inteligencia. Aquí lo único importante es la declaración que la hija de los Reyes tenga derecho a todas las garantías procesales y, sobre todo, a la presunción de inocencia que en España se ha convertido, desgraciadamente, en una utopía. La llamada «pena de telediario» ya se ha dictado en éste y en otros muchos casos que llevan años y años instruyéndose con una lentitud exasperante. Tres años del «caso Noos» y cinco del «caso Gürtel» son solamente dos ejemplos de cómo la Justicia, o al menos algunos jueces, de tanto recrearse en la suerte están terminando con muchas reputaciones que no podrán recuperarse ni en el caso de que, un día, seguramente lejano, llegue una sentencia absolutoria.