«La impugnación tapa la corrupción»

Una ofensiva legal y política contra el Estado. Y el convencimiento de que el recurso del Gobierno contra la consulta alternativa del 9-N busca distraer la atención para tapar los casos de corrupción. Éste es el mensaje que Artur Mas ha trasladado a CiU y a todos los partidos del bloque soberanista. El pasado viernes, tras el contundente anuncio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente de la Generalitat tuvo una jornada frenética, previa a la rueda de prensa en la que reiteró su intención de mantener el proceso. Los contactos políticos y jurídicos para articular acciones legales contra el Gobierno de Mariano Rajoy eran continuos. «Haremos caso omiso, ningún recurso me echará atrás», aseguró Mas a todos sus interlocutores en un claro desafío con llamada a la desobediencia civil.

Pero el líder catalán ha ido aún más lejos y vincula la posición inflexible de Moncloa con los casos de corruptelas en el PP. «La impugnación pretende tapar la corrupción, que viene en cascada», afirmó en una reunión de urgencia convocada en el Palau de La Generalitat a mediodía del viernes. La decisión del Gobierno ha provocado un «cierre de filas» de los separatistas con Artur Mas, algo de lo que su socio coaligado, Josep Antoni Durán Lleida, advirtió días atrás a Soraya Sáenz de Santamaría en sus conversaciones en el Congreso. Durán es el único dirigente de la Federación nacionalista que mantiene puentes con La Moncloa, en especial con la vicepresidenta. A pesar de su rechazo a la independencia piensa que este segundo recurso «es un error», que incrementará la participación masiva el día nueve, incluso con gentes que no son soberanistas.

La tesis más extendida en Unió y en el PSC era contraria al recurso del Gobierno para no fortalecer el victimismo. «Mirar para otro lado, como si fuera una participación festiva», opinaban dirigentes democristianos y socialistas. La negativa de Rajoy fue tajante, sobre todo tras el unánime informe del Consejo de Estado, que denuncia un referéndum encubierto, sin garantías democráticas y clara invasión de competencias. Ello ha tensado mucho los ánimos. «Mas se echa al monte y todo se desboca», lamentan en Unió y el PSC, partidos que apoyan el voto sobre la primera pregunta y se desmarcan de la independencia. Es decir, una apuesta confederal en el caso de Unió, y una reforma constitucional amplia en opinión de los socialistas. «Ahora las posturas se radicalizan y puede pasar cualquier cosa», añaden.

Muchos piensan que a Mas le interesaba la impugnación: «Le han hecho un favor, ahora queda como víctima y con absoluto apoyo». La oleada de declaraciones a favor de la rebeldía del presidente no se hizo esperar. Todos los dirigentes del bloque soberanista salieron en su defensa, incluido Joan Herrera, de ICV, contrario en un principio a la consulta y favorable ahora a la votación. Únicamente el PP y Ciudadanos se desmarcan de la actitud del presidente y vaticinan «consecuencias graves» si persiste en el operativo del 9-N. Algo que Mas ha dejado muy claro y que algunos círculos catalanes pronostican como una huida hacia adelante, en clave electoral, pese a los malos sondeos para CIU, triunfo arrollador de ERC e irrupción de Podemos en el escenario. «Un panorama desolador», admiten en Convergencia. Los planes de Mas son de total desafío al Estado, con un reparto de papeles. Ha encargado a los servicios jurídicos de la Generalitat varios informes para emprender acciones legales contra el Gobierno por abuso de poder, «en el ámbito español». Según los expertos, el objetivo es una labor jurídica «de filigrana», a través de la vía contencioso-administrativa, que no raye en la desobediencia civil e impida la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, con la suspensión autonómica. Por su parte, la Asamblea Nacional de Cataluña y Ómnium Cultural preparan una ofensiva ante la UE y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Un cúmulo de disparates, junto a una enorme presión ciudadana. Visitas a despachos profesionales, llamadas telefónicas y cartas apelando al voto configuran en los últimos días una coacción insoportable.

Frente a este bloque soberanista crítico, Durán Lleida se muestra prudente. Aunque opina que el Gobierno se equivoca con la impugnación, defiende la legalidad. Partidario de la participación y de su implicación personal, matiza que sólo votará si puede, «porque no pienso incurrir en ninguna acción ilegal». Es la misma tesis del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en clara discordancia con Pedro Sánchez y la cúpula de Ferraz. Algo que inquieta profundamente a la presidenta Susana Díaz, según fuentes del PSOE andaluz. La pasada semana la líder de Andalucía realizó un contundente discurso en clave nacional y esbozó algunas críticas hacia el secretario general. «El equilibrio con los socialistas catalanes es un arte», reconocen estas fuentes.

En este pulso sin precedentes, en La Generalitat se dan por cerrados el montaje y la organización del 9-N, con protagonismo de personal voluntario, para no incurrir en problemas con los funcionarios públicos. Un encaje complicado, según La Moncloa, donde se acusa a Mas de «dejarles en intemperie legal para cubrirse él». Por el contrario, en el Palau mantienen una frase: «No se puede prohibir lo que no existe, el Gobierno hace el ridículo». Pero nadie entiende cómo ha de definirse esta jornada. «Si hay urnas, papeletas y llamada al voto, ¿cómo se llama esto?», se preguntan con ironía en el PP, convencidos de que es un referéndum encubierto y claramente ilegal. En paralelo, Mas ha diseñado una ofensiva diplomática, que encargó al secretario general de Convergencia, Josep Rull. Éste ha viajado varias veces a Madrid para entrevistarse con varios embajadores, a quienes explicó las bondades de la consulta. La posición de las cancillerías europeas siempre ha sido prudente y respetuosa hacia los asuntos internos de España, sin ninguna similitud con Escocia. La canciller Angela Merkel sí se ha posicionado clara y rotundamente a favor de Mariano Rajoy en numerosas ocasiones.

La semana empieza cargada de gran tensión política, con una oleada de casos de corrupción y el inquietante avance de Podemos y su líder, Pablo Iglesias. Caras largas y preocupadas inundaban la pasada semana los pasillos del Congreso. «Se lo estamos poniendo en bandeja», comentaban diputados del PP y el PSOE al respecto. Elocuente fue la conversación entre dos diputados catalanes. Uno de CiU le dice al otro: «La impugnación es un acto de miopía política». A lo que el dirigente popular le respondió: «El problema es que vosotros ni con gafas queréis ver la Ley».