Ángela Vallvey
La mala vida
Un proyecto, impulsado por el Instituto Europeo para la Ciencia, los Medios de Comunicación y la Democracia (EISMD), ha empezado a plantear una cuestión que, hasta ahora, parecía «incuestionable»: ¿deben tener sanidad gratuita los fumadores, los obesos, bebedores...? ¿Tenemos que pagar entre todos el coste de curar enfermedades crónicas producto de los «malos hábitos de vida» de algunas personas? La protección sanitaria universal, un principio tan básico que hasta lo hemos extendido a emigrantes que nunca han cotizado, era el paraíso europeo, un sueño de bienestar único en la historia humana. Sin embargo, hoy –y a pesar de que fumadores, bebedores y obesos pagan de sobra sus posibles tratamientos a través de los impuestos con que se gravan los productos nocivos que dañan su salud– se empieza a esbozar la idea, que atenta contra ese maravilloso principio de «sanidad universal», de que quizás habría que expulsar del paraíso sanitario a todos los que llevan «mala vida». ¿Incluidos aquellos que desarrollan cáncer de pulmón sin haber fumado un cigarrillo en su vida...? ¿Estas personas serían desechadas del sistema por débiles, por no tener la suficiente fuerza de voluntad como para rechazar productos a cuyo consumo se les ha estimulado con ferocidad? ¿O es que debemos aceptar dócilmente que se nos bombardee e incite a consumir cosas que, no sólo nos matarán, sino que impedirán que nos den tratamiento? Es curioso que se plantee desincentivar el uso de sustancias peligrosas, pero perfectamente legales, además de muy lucrativas desde el punto de vista impositivo, justo cuando también se lanzan «globos sonda» sobre la posibilidad de legalizar las drogas. El cannabis, por ejemplo, cuenta con una corriente de opinión favorable a su legitimación. Por otro lado, importantes personalidades a lo largo y ancho del mundo que se han pronunciado al respecto dicen que legalizar las drogas terminaría con el narcotráfico, la consiguiente corrupción política atribuida a las mafias (obviamente no se acabaría con el resto de corrupción política, intrínseca y consuetudinaria), se liberarían recursos ahora empleados por los estados en la lucha contra el narcotráfico para destinarlos a otros fines..., etc. Las ventajas son muchas, claro, aunque quizás también aumentaría el consumo de esas sustancias hasta la fecha prohibidas. Lo que quizás hiciese crecer, a su vez, las enfermedades asociadas a las drogodependencias. ¿Tendría entonces más derecho a la sanidad gratuita un cocainómano que un fumador? Y... ¿no será que sobramos más o menos todos como beneficiarios del sistema...?
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