La «piratería», pendiente

Partamos de la raíz: el hecho de que, en un país como el nuestro, uno de los automatismos instalados en la mentalidad del ciudadano sea que en un momento de apuro económico como el que vivimos, la cultura es uno de esos elementos innecesarios de los que más rápidamente hay que prescindir constituye un síntoma inequívoco de que, en España, la labor del productor cultural es objeto de un desprecio sistemático. ¿Cómo se va a tener la conciencia estricta de pagar por algo que no se valora como una cualidad excepcional y útil para la colectividad? El que EEUU haya avisado de la inmediata inclusión de España en la temible lista de vigilancia 301 no obedece exclusivamente a la supuesta permisividad de nuestra legislación con las redes de intercambio de archivos P2P, sino a un problema educacional de carácter histórico: el tejido social no concibe la cultura como uno de sus más inalienables y preciosos activos patrimoniales. Pero no todo acaba aquí. El dinero que la «piratería» detrae anualmente de la cuenta de resultados de las empresas culturales en España es infinitamente mayor que el sumado por la totalidad de los casos de corrupción política. No cabe duda del compromiso del Ministerio de Wert con el establecimiento de un marco legal que proteja los derechos del autor. Pero si dentro de esta línea de trabajo hay que continuar perfeccionando una legislación que consiga el equilibrio entre la circulación de productos culturales y su blindaje contra la «piratería», el reto ahora del ministro es conseguir un clima educativo en el que el respeto a la cultura sea un valor para las nuevas generaciones. Wert no cejará en este empeño.