Moral y ley

Hace diana. El presidente del Gobierno y los líderes que desde el G-20 han planteado que la lucha contra la evasión fiscal tiene una razón de ser doble: no sólo el cumplimiento de la estricta legislación que impone a los ciudadanos la obligación de tributar bajo el criterio elemental de proporcionalidad; más importante, el compromiso ético que los gobernantes del mundo desarrollado han de asumir para que el personal no se deslome y abrase mientras un puñado de golfos mueve activos multimillonarios de isla en isla, de paraíso en paraíso.

Rajoy lo sabe bien. Porque el Partido Popular es perfectamente consciente de que las medidas que ha adoptado en materia tributaria han ido contra su ADN, de que han provocado por parte de los españoles un sobreesfuerzo en esta complicadísima salida de la crisis, de que han representado vallas y zancadillas en la carrera para abandonar estos difíciles tiempos.

Especialmente por eso está legitimado. Por el acompañamiento y el impulso activo que ha dado a las investigaciones que los tribunales están acometiendo para poner delante de abogados, jueces y fiscales a quienes en los últimos años o décadas han puesto morteradas de millones de euros en Suiza o Panamá, en Gibraltar o Liechtenstein, en Jersey o San Marino. Hay que acabar con esto. No con palabras rimbombantes o declaraciones altisonantes sino con hechos. Obras son amores.

Y en eso estamos. No únicamente España, sino una comunidad internacional que está progresivamente sensibilizada con la resolución de un problema global. Porque los delincuentes de cuello blanco y su impune acción sólo contribuyen a la amplificación del «gap» entre ricos y pobres. Hay que proceder contra la injusticia. Ya. Nunca es tarde. Ahí está el tema.