Políticas de becas

Hay muchos argumentos para respaldar la subida de las notas en las becas universitarias, desde la escasez de recursos hasta la calidad de los estudios, pasando por la adecuación de éstos a la realidad laboral y el prestigio de la universidad. Hay uno al que se ha recurrido poco, y es la dignidad del propio estudiante becado. Cuando una persona solicita y acepta una beca, debería ser consciente de que está recibiendo un beneficio a costa del esfuerzo de los demás, y que la confianza que el resto de los españoles depositamos en él le va a comprometer durante los siguientes años. La mejor forma de dejar claro que se tiene conciencia de lo que esto implica es esforzarse por obtener notas dignas, bastante por encima del aprobado.

Este argumento, sin embargo, tiene poco peso frente a otras consideraciones. Según una visión socialista, o marxista, de la realidad, la beca es un acto de justicia social que viene a enmendar una situación de desigualdad. Desde esta perspectiva, no valen apelaciones a la razón y a la ética, que son consideradas una mixtificación al servicio de un sistema injusto por naturaleza. Aquí sólo valen las medidas de redistribución, sea cual sea el coste que tengan. La izquierda española, más o menos cínicamente, sigue atascada en esta lógica.

Otra de las cuestiones que hacen difícil tener en cuenta argumentos como el de la dignidad personal, o como el de la calidad de la enseñanza universitaria, es la manejada por los rectores y los responsables educativos de las autonomías. Es probable, efectivamente, que una subida en la nota de concesión de las becas reduzca considerablemente el número de estudiantes de algunas universidades, lo que pondrá en peligro los sofisticados equilibrios de poder autonómicos y tal vez los propios estudios. Aunque la solución es difícil, se podría pensar en una reforma progresiva, de aquí a un tiempo, que prepare a estas universidades para la nueva situación.

Aunque muy distintos, los dos obstáculos tienen en común la presencia abrumadora de la política, o más exactamente, la prioridad que la política ha adquirido sobre cualquier otra consideración, aunque sea de sentido común. La política es una actividad autónoma, con reglas propias, que requiere formas específicas. Ahora bien, quienes participan en ella no deberían olvidar que siendo central como es, la política está al servicio del bien común, de la sociedad, de los demás. La percepción de que quienes se ocupan de la política no tienen en cuenta esto es un factor peligroso para el conjunto del sistema.