Por una buena imagen

La valoración de un sistema de justicia, como casi todo en una democracia predominada por la opinión pública, es tributaria de esta última, y ello al margen de su buen o mal funcionamiento. La opinión pública normalmente la conforma la opinión publicada, los medios de información, en general el ejercicio de la libertad de información, y sobre todo el de expresión convertido en opinión. De ahí que si la opinión publicada coincide en valorar una actuación judicial, se convierte en algo positivo y, por el contrario, si los opinadores y los que marcan las líneas editoriales se empeñan en infravalorar algo, se acaba convirtiendo en negativo. A veces se produce una cierta coherencia entre lo realmente acontecido y lo informado y opinado, con lo cual se conforma debidamente la opinión pública, pero, en otras ocasiones, más de lo deseable, se produce todo lo contrario, y como consecuencia de ello, se malforma la opinión pública. Recuerdo un suceso acaecido hace años, en el que un piloto de una compañía aérea realizó un aterrizaje con el tren delantero de la aeronave inutilizado sobre una pista cubierta de espuma, ejecutando tan peligrosa maniobra con gran destreza, lo cual le supuso un gran reconocimiento social en los medios de comunicación. Pero lo que no se contó es que el referido piloto había causado la avería del tren delantero en la maniobra de despegue al ejecutar una mala salida del aparcamiento. Esto ocurre en el mundo de la justicia y en general en toda la actividad humana. Así se presentan actuaciones judiciales como sumamente acertadas, cuando distan mucho de ello, y a veces ocurre todo lo contrario. Por ello, la responsabilidad de los que generan y conforman la opinión pública es de vital importancia, toda vez que la sociedad recibe de forma pasiva y acrítica toda esta información. A ello se le añade que normalmente se mezcla la información y la opinión, generando una gran confusión. La información debería estar presidida por la objetividad de la noticia y de la fuente y, sobre todo, determinada por la veracidad, al margen de que a veces se separa de la verdad material; mientras que la opinión como máxima manifestación del derecho de expresión está presidida por la libertad, teniendo como único límite el honor y la intimidad de las personas, no estando amparados bajo el ejercicio del derecho, la intromisión ilegítima, la injuria y la calumnia.

Ahora bien, ya es difícil trazar la frontera de fricción entre estos derechos, a fin de determinar la prevalencia de unos u otros, cuanto más difícil se hace si además se mezcla opinión e información. De esta manera, se hacen calificaciones precipitadas, juicios apresurados, etc., que deforman la opinión pública. Esto a veces se hace de forma más o menos consciente, pero en muchas ocasiones obedece a aquella máxima de que no dejes que la verdad estropee una buena noticia. Por ello, la valoración del sistema de justicia está determinada por una opinión publicada basada en casos concretos, y en la valoración que de los mismos se hace. Además y por si fuera poco, eso se adereza con prejuicios, verdades a medias y a veces falsas creencias generalizadas. Por ejemplo, en España mucha gente cree que por encima de los 70 años no se ingresa en prisión, lo cual es absolutamente incierto. Sólo supone el más rápido acceso en el cumplimiento de una pena al tercer grado o a la libertad condicional.

La gente cree que España es una país con una gran permisividad hacia los delincuentes, esto es, que entran por una puerta y salen por otra, y por contra somos el país con la población carcelaria más elevada de Europa por habitante. Tenemos una tasa de delincuencia de las más bajas de Europa, y mucha gente cree que España es un país inseguro, algo que cuando viajas un poco por capitales europeas se supera. Mucha gente cree que en España la justicia es cara, cuando tenemos una de las más baratas de Europa. Son muchos los tópicos que rodean a nuestras justicia y muchos los que intentan alimentarlos, y ante ello, sólo cabe una política de comunicación activa por aquellos a los que les corresponde esta obligación. Pero para rematar la cuestión, a esto se le une a veces ciertas resoluciones judiciales que, amparándose formalmente en la legalidad, intentan subir a lomos del caballo de la popularidad, demagogia y sobre todo populismo, generado una total confusión en la ciudadanía. Todos somos responsables de lo que está pasando, cada uno en su justa medida. Los ciudadanos tienen derecho a que se les informe con objetividad, y, que cuando se opina se haga un esfuerzo de responsabilidad y sobre todo de coherencia, y también tienen derecho a que el sistema de justicia y sus máximos responsables se concentren en resolverles los problemas y no en crear nuevos.