Reacción y prevención

No hay mucha más vuelta de hoja. Es la Ley, es la razón, es el más elemental respeto a las víctimas de la mayor atrocidad terrorista que ha conocido España.

El caso de Rafa Zouhier representa a las claras los fines que debe perseguir la Justicia, en el corto, el medio y el largo plazo, para responder a las amenazas consumadas y prevenir las futuras. Todo conforme a Derecho.

Es de todo punto lógico y sensato vetar la permanencia en suelo nacional de quien se ha entregado, ha colaborado y ha apoyado, en el grado que fuera, una matanza terrorista en masa principalmente de españoles o residentes en nuestro país. Ninguna democracia madura y desacomplejada podría tolerar un hecho así. Pero es más, tampoco Europa consentiría este riesgo en un continente hoy de fronteras abiertas y libre tránsito de personas.

Así que, junto a la respuesta y la condena por los hechos perpetrados, adquiere todo su fuste anticiparse a eventuales delitos que puedan cometerse. No sólo eso, atender a la sensibilidad y las demandas de quienes tienen familiares que han caído bajo el fuego de las bombas, que han muerto abrasados por los explosivos y han sido enterrados en una maraña de hierros. Estar con ellos y no dejarlos de lado nos honra como nación. Es lo mínimo.

Claro que aquellos que han tenido la desgracia de sufrir las embestidas de ETA o Al Qaeda no deben dictar la política ni imponer los autos a los jueces cuando lo que se resuelven son casos de este tipo de violencia fanática, pero sólo procediendo como se ha procedido en relación a esta pieza secundaria del complejo e indescifrado engranaje del 11-M podremos mirar hacia delante y caminar con la cabeza un poco más alta. Y sembrar las semillas para un futuro mejor.