Seguridad jurídica

El ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, declaró a la salida de la cárcel que no se arrepiente de nada, en particular de las preferentes, y pidió un juez imparcial. Lo primero carece de relevancia jurídica: la Justicia debe determinar si hay materia para someter a cualquier ciudadano a un proceso, que puede conllevar su ingreso en prisión, independientemente de si dicho ciudadano está o no arrepentido de su conducta. Lo segundo, en cambio, es de gran importancia. Un juez parcial es un atentado a la seguridad jurídica, y ésta, a su vez, es baluarte de la sociedad abierta. De ahí que el juez Silva haya manifestado su deseo de que la recusación prosiga para dilucidar la acusación de falta de imparcialidad. De momento, la Audiencia Provincial de Madrid le ha propinado un severo varapalo, al declarar nula una parte significativa de su investigación. De hecho, no parece que Silva haya tenido en realidad más alternativa que poner en libertad a Blesa, a expensas de que se le acusara de detención ilegal. Lo que se necesita ahora es que lo que está en el aire alcance un sano equilibrio en tierra firme. En primer lugar, la propia actuación del juez, por lo que acabamos de comentar. Pero también el caso Blesa, que debe aclarar qué tipo de responsabilidad cabe reclamarle. Fuera de la Justicia, y de la destacada cuestión de la formación de los magistrados, no estaría de más que, en vez de clamar en general contra «los banqueros», tuviéramos remansos de reflexión sobre cómo funciona la banca, cómo ha sido gestionada, y cuál es el papel que en ella juegan las autoridades. Y quienes desde los sindicatos y la izquierda exigen una «banca pública» podrían pensar un poco en que bastantes cajas de ahorro se parecieron bastante a eso, precisamente.