Urnas y despachos

La propuesta realizada por el PP para reformar la ley electoral y que sean alcaldes los cabeza de la lista más votada es tan razonable como tardía. Desde el año 1979 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales libres tras las cuatro décadas de dictadura franquista, han sido muchos los regidores que han conseguido su vara de mando no en las urnas sino en los despachos gracias a acuerdos que, en ocasiones, llegaron a sentar en el sillón de alcalde al que menos votos había conseguido. De esta práctica no se libran ni socialistas ni populares y por eso no hace tanto que el PSOE llevaba en su programa electoral lo mismo que ahora propone el PP. A los acuerdos entre socialistas e Izquierda Unida, antes PCE, hay que sumar algunos tan llamativos como el que llevó a Rodríguez Sahagún a ser alcalde de Madrid cuando pertenecía al minoritario CDS, heredero de UCD, en la corporación de la capital. Ahora mismo sería un trabajo de chinos analizar, ayuntamiento por ayuntamiento, los enjuagues que se han realizado para conseguir el poder municipal, pero sin duda no se trata de una cantidad pequeña. Así llevamos la friolera de treinta y cinco años sin que los distintos gobiernos de Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar y Zapatero se atrevieran a mover ficha para evitar que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos se viera traicionada en la composición de los ayuntamientos. Ahora, cuando estamos a punto de entrar en la recta final de la legislatura y a diez meses de los comicios municipales y autonómicos, al PP le han entrado las prisas que, casi nunca, son buenas consejeras. A estas alturas ni el PSOE ni nadie le va a comprar a Rajoy esta propuesta que de haberse realizado en los primeros compases de la legislatura quizá hubiera salido adelante sin grandes complicaciones. Casi tres años sin apenas hacer política, salvo en materia económica, es una losa muy difícil de levantar.