Vuelta atrás

La Razón
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La llegada de los nuevos partidos de izquierda radical a los ayuntamientos nos está permitiendo ver a dónde nos quieren llevar los que se denominan así mismo anticasta, que no es otro lugar que el mismo al que nos llevaron sus predecesores en esa izquierda, primero extrema o contraria al sistema, y luego plenamente integrada en el mismo, allá por los principios de los años ochenta.

En aquellos años, la izquierda recién llegada a los ayuntamientos con el nuevo régimen democrático anunció que Madrid no debería crecer más, y en consecuencia, limitó los desarrollos urbanísticos, paralizó por el artículo treinta y tres los que estaban en marcha sin indemnizar a los perjudicados, eliminó las infraestructuras que estaban previstas, municipalizó servicios que se prestaban por particulares... Todo ello con el argumento de que había que acabar con la especulación y los beneficios para unos pocos. De esa decisión y de sus actuaciones todavía hoy encontramos reclamaciones en los tribunales de daños y perjuicios que deben abonar a los perjudicados las administraciones actuales, con un enorme coste para los ciudadanos.

La fuerza de los hechos se impuso a ese absurdo, y las demandas de crecimiento y desarrollo obligaron a cambiar esa decisión, especialmente porque muchos ayuntamientos gobernados por ellos crecieron de forma exponencial, pasando en muchos casos de poblaciones de veinte y treinta mil habitantes a ciudades de más de ciento cincuenta mil. Entonces esa especulación no importaba, quizás porque era de los «suyos». Curiosamente, las poblaciones más afines al centro derecha crecieron menos hasta el punto de que hoy son pocas las que alcanzan los cien mil habitantes.

En uno y otro caso el problema fue que ese «Madrid ni crece ni crecerá» impidió prever y construir todas las infraestructuras necesarias para acompañar esos crecimientos, facilitar la movilidad y los equipamientos. Fueron los gobiernos de centro derecha, los que con una visión más abierta, no sectaria y adaptada a las necesidades de desarrollo de una gran región como era Madrid, que debía competir con las grandes regiones de nuestro entorno occidental, establecieron una legislación que facilitara ese objetivo. Veinte años después, Madrid, que no encabezaba ningún ranking en nuestro país y, por supuesto, tampoco en relación con otras regiones de fuera, es la región más próspera de España y una de las más prósperas de nuestro entorno. Y no sólo desde el punto de vista económico, de empleo... sino en términos de infraestructuras, servicios, comunicaciones... De no haberse producido ese cambio, este gran logro no podría haberse producido y Madrid sería una región más de nuestro país y del entorno europeo, sin ninguno de los atractivos que hoy tiene para muchos dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hace unos días el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid dijo que hay que acabar con el modelo del pelotazo y volver al modelo urbanístico del primer Ayuntamiento democrático. Y ha añadido que quieren apostar por la rehabilitación y acabar con la privatización encubierta de la vivienda protegida. Esta propuesta supone volver treinta años atrás. Y lo que es peor, volver a parar la pujanza y el dinamismo que tiene Madrid haciéndole perder oportunidades frente a nuestros competidores, y espantando a los inversores que querían acompañar nuestro desarrollo, como está a punto de ocurrir con las operaciones Chamartín, Campamento, o con el edificio España. Operaciones que contaron con el apoyo de los partidos de izquierda presentes entonces en las instituciones.

Lo mismo cabe decir de la rehabilitación y de la vivienda protegida, que quieren presentarnos como algo novedoso y particular de la izquierda. Convendría también que revisaran qué se ha hecho en los últimos años, y comprobarían cómo fue entonces y con gobiernos de centro derecha especialmente, cuando más recursos se han dedicado a la rehabilitación y a la vivienda de promoción pública, especialmente en Madrid, donde se ha construido más vivienda pública de toda España.

Y no estaría de más que nos explicaran qué medidas van a tomar para evitar que esa vivienda de promoción pública volviera a caer casi en exclusiva en manos de las cooperativas sindicales, con los problemas que generaron a miles de trabajadores que se quedaron sin ellas y sin su dinero, y, cómo explican que en estos últimos años el intervencionismo público en la vivienda ha llevado a que el precio de la misma fuera superior al que fijaba el mercado para la vivienda libre. Por cierto, ¿no iban a consultarnos todas las decisiones que nos afectasen a todos los ciudadanos? Me temo que en esto, como en tantas cosas propias de su sectarismo, tampoco contarán con nosotros. Evitemos que nos hagan ir para atrás.