¿Es constitucional la amnistía?

Es una cuestión que le resulta indiferente al presidente del Gobierno en funciones, porque lo único que le interesa es que le sea útil para comprar los votos de Puigdemont. Le es tan indiferente que hace unas semanas aseguraba taxativamente que era inconstitucional. El resultado electoral le hizo ver la luz. No solo descubrió que era constitucional, sino que era imprescindible para culminar la pacificación de Cataluña. Lo cierto es que mi tierra no necesita ser pacificada, pero a quién le interesa la verdad en estos tiempos que vivimos. A partir de la iluminación presidencial se produjo un efecto contagio en los ministros y dirigentes socialistas que antes decían, como papagayos, que era inconstitucional. Es una de las cosas más fascinantes del sanchismo, ya que es lo más parecido a una secta religiosa en política. Como todos quieren hacer méritos con el líder, asistimos primero al silencio de los corderos, porque dio la instrucción de que nadie hablara, y una vez que concedió el beneplácito se dieron los excesos propios de los conversos. Por supuesto, ninguno de ellos tiene alguna idea sobre Derecho Constitucional y deben creer que es constitucional todo aquello que le venga en gana al líder.

Como era previsible, han buscado constitucionalistas o administrativistas que apoyen la amnistía y no los han encontrado. Hay alguna excepción en los juristas sanchistas como Javier Pérez Royo que lo veo capaz de apoyar el relator y el referéndum. No sirven los habituales penalistas defensores del uso alternativo del Derecho, porque anteponen la política y la ideología a la legalidad constitucional. El apoyo más fervoroso lo ha encontrado entre los socialistas que sacan provecho de los cambios de opinión y reciben generosas recompensas a costa de los Presupuestos del Estado, así como de los columnistas, los tertulianos y los medios de comunicación con una descarada adscripción sanchista.

Un dirigente socialista me hacía el otro día una interesante reflexión sobre Conde-Pumpido. Todo el mundo recuerda sus declaraciones cuando era Fiscal General del Estado de que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos» y pronunció la famosa frase «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino». No le importó mancharse de barro porque se autoconvenció de que hacía un servicio decisivo en la lucha contra ETA. Por supuesto, el PSOE ha manipulado hasta la saciedad el fin de la banda terrorista y ahora pacta gozoso, en otro ejercicio de funambulismo ético, con los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA encabezados por Otegi, Josu Ternera y Txapote. Hay que agradecer que estos indeseables no le exijan, por lo menos de momento, la amnistía a los miembros de la banda terrorista y que el Estado pida perdón. Hemos pasado del PSOE de los Gal al sanchismo que se hace mejor amigo de los herederos de ETA.

En este sentido, el problema de Conde-Pumpido es que ahora no tiene la excusa de la lucha contra el terrorismo. Lo que tendrá que avalar es un fraudulento contrato mercantil de Sánchez con Puigdemont y Junqueras para conseguir los votos que le permitan ser reelegido presidente del Gobierno. Dentro de unos meses tendrá sobre la mesa de su despacho una amnistía inconstitucional e inmoral. No estamos en la Transición o en un conflicto armado como el que existía en Irlanda del Norte, pero, sobre todo, el Derecho comparado no es aplicable en nuestro caso. Tendrá que decidir sobre una amnistía que rechaza la mayoría de la sociedad española. Es un caso ciertamente insólito. No descarto que elaboren, además, un engendro legal cuya técnica jurídica cause auténtico bochorno. La amnistía no se incluyó en la Constitución, porque no tenía ningún sentido hacerlo. En el Estado de Derecho lo único aceptable es el imperio de la ley y la asunción de responsabilidades por los delitos cometidos. Por supuesto, la medida de gracia adecuada es el indulto una vez que el procedimiento ha concluido y hay una sentencia en firme. Es bueno recordar la expresa prohibición a los indultos generales. Por ello, la amnistía se puede equiparar a lo que establece el artículo 62 CE. Los indultos que podríamos denominar políticos, como los que impuso Sánchez para los líderes del procés condenados por el Supremo, o por corrupción no me parecen bien, pero estaba en su derecho al aprobarlos.

Estamos ante un comportamiento arbitrario que proscribe la Constitución y atenta contra el principio de igualdad. Es bueno recordar que la Mesa del Congreso de los Diputados y el Consejo de Ministros han expresado claramente que la amnistía es inconstitucional, pero ahora dirán justo lo contrario para complacer a Puigdemont y Junqueras. Es un desprecio al ordenamiento constitucional y un comportamiento político indigno. Hay juristas que plantean, incluso, que se vulnera el artículo 2 del Tratado de la UE que establece que la Unión se fundamenta en el respeto de la igualdad y del Estado de Derecho. La amnistía no garantiza el imperio de la ley, la separación de poderes, es arbitraria, altera la seguridad jurídica y vulnera el principio de igualdad. ¿Tragará Conde-Pumpido ante este despropósito que solo servirá para que pase a la Historia como el presidente del Tribunal Constitucional que allanó el camino para la reelección de Sánchez?

Es muy grave la consagración de la impunidad política en un Estado de Derecho para unos delincuentes que no solo no se arrepienten de lo que hicieron, sino que se sienten orgullosos y anuncian que lo volverían a hacer. Estamos ante la imposición del olvido de unos hechos delictivos actuando en fraude de ley, porque la razón que se esgrime para justificar la futura ley orgánica es una mentira.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)