El desprecio del Gobierno por los jueces

En el consejo de ministros se sientan tres magistrados que ocupan carteras muy importantes como Justicia, Defensa e Interior. No importa, porque no existe ninguna sensibilidad hacia los graves problemas que afectan a la judicatura. Sánchez insiste en que España va bien y sus mariachis aplauden con alegre fervor las afirmaciones del líder sin ningún atisbo de crítica. Hace tiempo que hemos sustituido la política por la propaganda. La verdad es algo irrelevante. Los compromisos son fuegos de artificio que se extinguen tras haber sido formulados. España va tan bien que la inmensa mayoría de jueces, representados por cuatro asociaciones, salvo la minoritaria organización progubernamental de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), han convocado una huelga para el 16 de mayo. He de reconocer que el nombre de esa asociación siempre me ha parecido esperpéntico, porque se supone que todos los funcionarios públicos juramos o prometemos la Constitución y, por tanto, defendemos la democracia. Conozco muchos magistrados, magistradas, fiscales y fiscalas (no se quejarán Belarra y Montero de mi lenguaje inclusivo) y todos son demócratas.

No me sorprende que les supere la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que tiene un nombre más atractivo y representativo de lo que interesa a los jueces. Los datos oficiales muestran que la APM cuenta con 1.355 asociados; seguida de la Francisco de Vitoria con 859; la JJpD, 436; el FJI, 335; Ágora, 11 y la ANJ, 4. Es verdad que los portavoces de esa minoritaria tercera asociación cuentan con gran predicamento entre los poderosos medios y periodistas de izquierdas, pero la realidad es que tiene una tercera parte que la APM. Lo habitual es escuchar las opiniones de la JJpD interpretando que las decisiones gubernamentales son fabulosas, que todas sus leyes son constitucionales y progresistas y que los jueces viven en el mejor de los mundos. Al menos hay que reconocer que son obedientes y disciplinados con un gobierno que les recompensa siempre muy por encima de su escasa representación. Lo mismo sucede con los fiscales afectos a la izquierda. La AF tiene seis representantes en el Consejo Fiscal; los progres, dos y la APIF, uno.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)