Esta semana se reanuda y terminará el pintoresco juicio al fiscal general. Pintoresco por varios motivos.

Se ha constatado la lucha interna en la fiscalía, evidenciada en los testimonios contradictorios de varios fiscales que han comparecido como testigos. Las rencillas se han hecho visibles delante de su jefe, que asiste a la sucesión de testimonios no desde el banquillo de los acusados, sino haciendo uso del privilegio –como fiscal que es– de situarse junto a sus defensores. Salvo aquellos que rodean al presidente del Gobierno y se enfrentan a acusaciones judiciales –su esposa, su hermano y el propio fiscal general– ningún español disfruta de la defensa gratuita que ejerce para ellos la Fiscalía, cuando su función constitucional consiste en perseguir el delito, no en defender a quienes están acusados de cometerlo. De eso se encargan las defensas, salvo en la España actual.

También han dado espectáculo algunos de los políticos que han pasado por el micrófono de comparecientes. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoce que tiene la costumbre de trasladar a los periodistas no datos, sino intuiciones disfrazadas de datos. Juan Lobato muestra un atemorizado balbuceo en sus respuestas. Y Pilar Sánchez Acera, exjefa de Gabinete del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez (hay cargos con títulos muy vistosos) sabe que un periodista le dio la información origen de esta causa, pero su memoria no le alcanza para recordar quién fue, y después cambio de teléfono y además borró todo el contenido del dispositivo. Qué fatalidad… (Por lo visto, hay periodistas que cuentan las noticias a los políticos, en lugar de a sus lectores).

Y luego está el «dilema moral» de un periodista que dice saber qué persona realizó la filtración, y no es el fiscal general. Pero no revela el nombre, porque se acoge a su derecho profesional de proteger a su fuente.

Conclusión: hay varias personas que dicen saber quién cometió el delito. Pero, ni ellos lo van a decir, ni el propio autor de la filtración se sincera, asumiendo que un presunto inocente pueda ser condenado a prisión. Es un tremendo dilema moral, si fuera cierto.