Sin Perdón

Al sanchismo no le gusta el CGPJ

«Perelló es una sólida jurista que cumple escrupulosamente el papel que le atribuye nuestro ordenamiento constitucional»

Sánchez quería someter a los tres poderes del Estado, pero no lo ha conseguido. Es cierto que el Congreso de los Diputados está sometido a su voluntad, aunque el futuro es incierto y lo será en mayor medida conforme se acerquen las elecciones generales. No ha podido acabar con las incómodas sesiones de control y añora, dicho irónicamente, los tiempos de la pandemia donde gobernaba sin someterse al control parlamentario. A la izquierda política y mediática solo le gusta cuando afecta a los gobiernos de centro derecha. Nada más cómodo que no dar explicaciones y gobernar a golpe de decreto ley. Ni siquiera les incomoda el esperpéntico mecanismo de una eterna prórroga presupuestaria. En cierta ocasión, un presidente del Gobierno me comentó la interesante respuesta de un canciller cubano cuando le glosó las bondades del bipartidismo imperfecto en un estéril intento de marcarle, supongo, el camino a una transición. Le miró con una sonrisa y le contestó: «Porque no han probado el partido único».

No tengo la más mínima duda de que sería el modelo que le gustaría al actual inquilino de La Moncloa desde que ha abrazado los planteamientos de la izquierda radical y populista iberoamericana. Por supuesto, con partidos satélite que siempre quedan bien para dar algo de color a las Cortes. El control del Poder Legislativo es parcial, porque el PP tiene la mayoría absoluta en el Senado, pero Sánchez, en una nueva muestra de sus firmes convicciones democráticas, hace tiempo que decidió ignorarlo en la medida de lo posible y no acude a las sesiones de control. Es fácil imaginar lo que dirían los medios de comunicación del régimen, encabezados por el NO-DO de RTVE y sus activistas, si esto lo hiciera un presidente del PP. En el Congreso cuenta con «cariño» Armengol, que siempre está en primer tiempo de saludo, y cuenta con la ayuda del servicial Galindo, que está empeñado en destruir el prestigio de la secretaría general. No son buenos tiempos para el parlamentarismo y las funciones que la Constitución asigna al Congreso. La partitocracia ha vaciado de contenido el papel de los diputados socialistas, que son meros palmeros a las órdenes de La Moncloa. No existe ni el más mínimo atisbo de autocrítica.

Con la inestimable colaboración de Conde-Pumpido y sus mariachis, Sánchez ha conseguido controlar el Tribunal Constitucional. Al final, Puigdemont se ha dado cuenta de que su situación personal responde al interés de tenerle como rehén. Le dieron el caramelo de la amnistía, pero prefiere que siga fuera de España para beneficiar tanto a Illa como a Sílvia Orriols. Es lo mismo que hace con Vox. Ni las encuestas del CIS ni los ataques de RTVE al PP para favorecer a Abascal son una casualidad. Uno de los ejes del relato sanchista es, precisamente, el miedo a la ultraderecha que busca perjudicar al PP y Junts a la vez que movilizar al votante fiel de la izquierda.

El sanchismo ha desatado una brutal campaña contra los jueces. El papel de la zafia fontanera del PSOE es un fiel reflejo de cómo funcionan las cloacas sanchistas y su poderosa policía patriótica. El objetivo era y es extorsionar a jueces, fiscales y periodistas para resolver los problemas judiciales que afectan a su familia, su partido y su Gobierno. La batalla contra la presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo muestra la desesperación por no haber conseguido controlar estas instituciones. Hay que tener en cuenta que el Consejo hubiera sido un instrumento decisivo para sancionar y amordazar a los jueces incómodos, así como colocar a clones de Conde-Pumpido en las diversas instancias judiciales. El único problema es que las copias acostumbran a ser de muy mala calidad. Es lo que sucederá si Montalbán sucede al actual presidente del Tribunal Constitucional. No se le conoce ninguna aportación original y es, con Segoviano, un fiel instrumento al servicio de Conde-Pumpido. Ni siquiera son buenas operadoras del Derecho, como sucede con el actual sátrapa del Constitucional. No tienen ni prestigio ni autoridad. Por ello, La Moncloa preferiría que siga en funciones.

Sánchez fracasó con su maniobra para controlar el CGPJ. Es un órgano que no tendría que estar politizado y lo que ha venido sucediendo muestra el fracaso de esta institución. La presidenta es independiente, aunque proviene del sector progresista. El problema es que confunden los sanchistas progresismo con disciplina de partido. Hay muchos jueces que no están dispuestos a seguir los pasos de Conde-Pumpido y sus mariachis. No se trata de izquierda o derecha, sino de respetar la toga y servir al Estado. Lo único importante es el imperio de la ley, algo que el presidente del Constitucional desprecia movido por una soberbia que le ha conducido a considerar que es él el que hace el mejor Derecho. En cambio, Perelló es una sólida jurista que cumple escrupulosamente el papel que le atribuye nuestro ordenamiento constitucional. Ni el CGPJ ni el Supremo pueden ser marionetas del Poder Ejecutivo. Me gusta que al frente de las instituciones estén personas honradas y éticas como ella. No me importa lo que haya votado o vaya a votar en el futuro, sino que es una jurista independiente y prestigiosa.

El enfado sanchista proviene de que no han conseguido controlar el Poder Judicial. Por ello, Perelló y el vocal Carlos Hugo Preciado son dos traidores, porque no forman mayoría con el resto de los progresistas. El disparate llega a ese extremo. Por lo visto, deberían ser meras correas de transmisión de los intereses del Gobierno socialista comunista. A esto hay que añadir que el nivel de la izquierda judicial es paupérrimo. No hay más que ver la corte de mariachis de Conde-Pumpido. Es cierto que necesitamos una regeneración democrática, pero no es la que perseguía Sánchez, sino una que dote de independencia a todos los órganos constitucionales y logre que la Administración del Estado se base en el mérito y la capacidad.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)