Editorial: Una decisión judicial impecable

Si alguien había podido creer que la fuga cobarde a Bélgica del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de cuatro de sus ex consejeros no iba a pesar en la decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a la hora de dictar graves medidas cautelares para el resto de los imputados, habrá comprobado que se equivocaba. De hecho, en el auto de la magistrada, a la hora de valorar el riesgo de fuga de los ex miembros del Gobierno catalán procesados, se cita textualmente que «no puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, baste recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países, eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido. Es, sin embargo, el del riesgo de fuga, sólo uno de los elementos valorativos que, de acuerdo a la reiterada jusrisprudencia del Tribunal Constitucional, ha contemplado la juez para dictar la prisión provisional sin fianza del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Ha contado, y mucho, la gravedad de las penas a las que se enfrentan los procesados por los delitos de rebelión, sedición y malversación, que, como razona la juez en su auto, «a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida», pero, sobre todo, la existencia de motivos más que suficientes para estimar criminalmente responsables a las personas contra las que se ha dictado el auto de prisión provisional. En este punto, y aunque la juez Lamela se extiende prolijamente en la exposición de los hechos, no creemos necesario detenernos en la descripción de unas conductas que todos los españoles han presenciado en directo, salvo para recalcar que sin las atribuciones de los cargos públicos de los que estaban investidos, no hubieran podido llevar a cabo el proceso separatista. Ningún reparo, pues, puede ponerse a la resolución de la magistrada, por más que a nadie pueda alegrarle la privación de libertad de una persona que todavía no ha sido juzgada. Y es así, porque en este caso –con la excepción, tal vez, del ex consejero Santi Vila, que se apartó de sus compañeros en el último y más grave momento y para el que se ha acordado una fianza que le permitirá salir de prisión– hay circunstancias agravantes especialmente notorias: la ausencia total de arrepentimiento por parte de los encausados, como si no fueran conscientes de la gravedad de los delitos cometidos, y la contumacia que han venido demostrando a lo largo de todo el proceso. Podría decirse, incluso, que su incomprensión de la realidad, en la que se arraiga un concepto propio de impunidad, escapa a cualquier razonamiento lógico. Así, pese a las advertencias leales, las admoniciones de todas las instituciones y las resoluciones judiciales, parecían incapaces de entender que la pretendida secesión de Cataluña, por ellos intentada, era una acción de consecuencias terribles, no sólo para la propia sociedad catalana, sino para el conjunto de España e, incluso, de la Unión Europea. Incapaces de comprender que un Estado de Derecho como el nuestro utilizaría todos los instrumentos a su alcance para preservar la unidad de la nación, el ejercicio de la soberanía nacional y la democracia representativa. Así ha ocurrido y, frente al relato victimista, más propio del teatro del absurdo que de la racionalidad política, sólo existe la actuación inevitable e independiente de la Justicia. Pero si la fuga de la realidad preside las reacciones de los querellados, capítulo aparte merecen las actitudes de quienes, desde el oportunismo político más pedestre, tratan de llevar al ánimo de la opinión pública la idea de que los impulsores del golpe separatista son objeto de un ajuste de cuentas político llevado a cabo por el Gobierno y por unos jueces a su servicio. Si es comprensible que se extienda este tipo de acusaciones entre los fanatizados del separatismo catalán, azuzados por los partidos y asociaciones que lo representan, es del todo inaceptable que participen del esperpento político quienes, por sus responsabilidades institucionales, parlamentaria o de cualquier otro tipo, deberían contribuir al fortalecimiento de la democracia española, atacada por unos individuos que, si no acatan sus propias leyes, menos respetarán la división de poderes que garantiza nuestras libertades. Ayer, simplemente, la Justicia siguió su curso.