El apaciguamiento con Torra no sirve

La estrategia apaciguadora de Pedro Sánchez con el separatismo catalán, forzada por la necesidad de contar con los votos nacionalistas para mantenerse en el Gobierno, no parece que esté cumpliendo el objetivo de propiciar la vuelta a la responsabilidad institucional de las autoridades autonómicas catalanas. Todo lo contrario, desde la Generalitat y sus organizaciones afines se mantiene el discurso rupturista y amenazante de siempre, con un problema añadido: que la violencia verbal explícita de muchos representantes del independentismo que desempeñan cargos públicos está llegando a las calles de los pueblos y ciudades de Cataluña, donde, cada vez más, menudean los enfrentamientos entre ciudadanos de a pie de distintas posiciones políticas. Es, entre otras cosas, la batalla por los lazos amarillos que ya ha provocado altercados y agresiones –como la que sufrió una española de origen ruso en el parque barcelonés de la Ciudadela, a la que un energúmeno nacionalista le fracturó la nariz–, y en la que las policías autonómicas y municipales catalanas están actuando con una parcialidad alarmante ante la pasividad inexplicable de la nueva delegada del Gobierno. La situación tiene todos los visos de ir a peor este próximo otoño a tenor de los movimientos que preparan los cuadros extremistas de los CDR («Comités de Defensa de la República») que deben dar contenido insurreccional a la anunciada reactivación del proceso soberanista por parte de la Generalitat de Cataluña. Los informes recogidos por LA RAZÓN advierten de que los CDR preparan ocupaciones permanentes de ayuntamientos y otras sedes institucionales en el marco de la celebración de la Diada y del primer aniversario de la proclamación de la república por el ex presidente fugado Carles Puigdemont, además de intensificar su presencia en las calles. Aunque detrás de estos movimientos se detecta con facilidad la maniobra política de Puigdemont y del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, para hacerse con la dirección única del separatismo catalán y debilitar las posiciones de ERC –no se cuenta con el PDeCat tras la defenestración de Marta Pascal– el Gobierno de la nación no debería despreciar el potencial desestabilizador de unos individuos que consideran cómplices del Estado a los actuales partidos independentistas catalanes, incluidas las CUP, y que declaran por escrito su voluntad de quemar las calles tras las celebraciones del 11 de septiembre, que este año se prevén menos multitudinarias que en momentos anteriores. Si bien el Gobierno de Pedro Sánchez tiene los instrumentos suficientes, incluso sin recurrir a la vía judicial, para atajar esta estrategia de la tensión, que sólo entiende la oferta de diálogo como una vía más para el reconocimiento del derecho de autodeterminación, como ayer insistía desde Escocia Carles Puigdemont, no parece que tenga la necesaria voluntad política para aplicarlos. Una vez más, los catalanes no independentistas, que son la mayoría, comprueban la clamorosa ausencia del Estado en el Principado, mientras el separatismo aparenta omnipresencia en las calles a golpe de lazos amarillos colocados con el apoyo de los consistorios. De ahí que hayamos de insistir en que sólo la reconstrucción del consenso constitucionalista que hizo posible la derrota separatista y mantuvo la institucionalidad en la región, con la aplicación del artículo 155 , proporciona garantías frente a la reactivación del proceso separatista que prepara la Generalitat para este otoño, que se presume, y es de temer, caliente.