Editorial

Sánchez, sin margen ni confianza política

Abocado a una gestión de supervivencia, más que de resistencia, hasta Pedro Sánchez comprende que perder esa moción supondría un coste político severo ante la ciudadanía.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y su esposa Begoña GómezCHEMA MOYAAgencia EFE

El hecho de que el Gobierno haya anunciado que no piensa someterse a la moción de confianza que le reclama Junts, uno de sus socios de investidura, es el reconocimiento paladino de que la bancada socialista es incapaz de reunir en torno a la figura del presidente, Pedro Sánchez, siquiera una mayoría parlamentaria simple. Sin duda, en la intención última de Carles Puigdemont se encuentra el deseo de hacer patente esa falta de músculo político de La Moncloa, pero sin otras consecuencias inmediatas, una vez que el reglamento establece la falta de vinculación de cualquier tipo con el resultado de la votación.

De hecho, las mociones de confianza se plantean desde la propia presidencia del Gobierno como instrumento defensivo frente a los embates de la oposición o, también, cuando una decisión gubernamental recibe una notable contestación de la opinión pública. Es decir, no se hacen para perderlas, sino todo lo contrario, como en su día constataron Adolfo Suárez y Felipe González, por más que el destino político del primero se trastocara sólo unos meses después de ganarla, cuando presentó su nunca bien explicada dimisión.

A la postre, y con independencia de las «represalias» parlamentarias que adopte el líder nacionalista catalán, cuyos siete votos son determinantes para, entre otras leyes, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo cierto es que Puigdemont se ha salido con la suya al visibilizar la situación de un gobierno sin margen para desarrollar una acción política propia porque depende de un conglomerado de partidos que sólo se mueven en función de los objetivos de sus agendas particulares.

Sin margen y sin confianza, abocado a una gestión de supervivencia, más que de resistencia, hasta Pedro Sánchez comprende que perder esa moción supondría un coste político severo ante la ciudadanía, simbólico, y otorgar a la oposición un argumento difícilmente rebatible, especialmente, en un momento en el que su círculo familiar más cercano está encausado en procedimientos judiciales y sus socios de Gobierno, Sumar y Podemos, buscan reforzar sus perfiles ideológicos más ultras y populistas frente a los socialistas, en previsión de un más que posible adelanto de las elecciones generales.

Y todo ello, en un escenario en el que empiezan a fallar las operaciones del servicio de propaganda de La Moncloa, ciertamente, improvisadas a la carrera, como la enésima presentación de un Plan de Vivienda que nunca encuentra el modo de ponerse en marcha –en Lorca (Murcia) ni siquiera se han comenzado los trámites administrativos para la construcción de las 800 viviendas de titularidad oficial anunciadas a bombo y platillo hace ya más de dos años– y ante una opinión pública que asiste asombrada a la inicua batalla del sanchismo contra el poder Judicial.