El Estado hace lo que debe al intervenir Cataluña

Como ya avisó el presidente del Gobierno, el Estado responde con proporcionalidad y firmeza a la escalada abrupta de la administración separatista en su ataque a la democracia. Conocida era que las arcas estatales, esto es, el dinero de todos los españoles, sostienen los servicios públicos en Cataluña y garantizan los pagos a los proveedores ante la quiebra de las cuentas de la Generalitat independentista. Después de que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras rechazara el deber de informar de los gastos de la Generalitat con el objeto de que no se desviara un euro público al referéndum ilegal, el Ejecutivo replicó en los términos y el alcance debidos al plante reaccionario. El Consejo de Ministros aprobó ayer la intervención parcial de las cuentas de Cataluña, en lo relativo al pago directo de los servicios esenciales de la comunidad –Sanidad, Educación, Servicios Sociales y nóminas de funcionarios, unos 1.400 millones de euros al mes–, que será total si en 48 horas Puigdemont no comunica a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto restante de la Generalitat. El Ejecutivo aplicó la Ley de Estabilidad Presupuestaria en respuesta a la excepcionalidad que supone una administración rebelde que pisotea la Ley y pone en peligro a la ciudadanía y sus necesidades. Es, pues, una decisión que intenta reconducir los desmanes de gobernantes irresponsables, pero sobre todo que manda un mensaje de tranquilidad y confianza a los catalanes, que ya saben que sus servicios principales están sostenidos directamente por el Estado, por España.