Es inadmisible poner en duda la limpieza de las elecciones

El primer objetivo de la filtración de las conversaciones del ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha quedado meridianamente claro: el tema de la campaña electoral ha sido monopolizado por los ataques directos al Partido Popular. Sólo hay que remitirse a los hechos para comprobar que responde a la perversa estrategia de perjudicar al titular de Interior y, de paso, al presidente del Gobierno. Éste es el hecho fundamental de este escándalo: las conversaciones que el ministro que vela por la seguridad han sido grabadas, filtradas y publicadas y todavía nadie ha advertido que estamos ante un acto ilegal. Estamos en campaña electoral, pero no todo debe ser permitido. La comparecencia ayer en el Parlament del director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, sirvió sobre todo para mostrar la hipocresía de los partidos que han salido en tropel pidiendo la dimisión de Fernández Díaz acusándole de querer interferir en un organismo independiente que lucha contra la corrupción. El responsable de la OAC, cuya reunión con el ministro fue grabada, les recordó a los diputados que ha mantenido «más de un centenar» de reuniones con representantes de todos los partidos presentes en la comisión que le interrogó. Se detuvo de manera especial en el caso de Albert Rivera, que le ofreció su apoyo «a cambio de algo». Ese «algo» era, claro está, información de las investigaciones sobre corrupción, suponemos que para utilizarla contra sus adversarios. Pues bien, el líder de Ciudadanos, inflamado como siempre por su espíritu regeneracionista, pidió inmediatamente la dimisión del ministro del Interior, aunque él no se aplicó el mismo criterio. Demasiada hipocresía y precipitación. Entre los representantes públicos con los que De Alfonso se reunió están varios consejeros de Interior del Gobierno catalán (hay que tener en cuenta que fue nombrado por el Parlament en 2008). El representante del PP en la comisión de Asuntos Institucionales pidió que se haga pública la agenda del director de la OAC, una información que se antoja básica para entender que sus reuniones con políticos tienen la misión de recabar información y no sólo para recibir instrucciones. Insistimos: estamos en campaña, pero no todo puede aceptarse para acabar con el partido del Gobierno, precisamente el que puede revalidar su victoria en las elecciones del próximo domingo. Es tentador hacer un uso electoral de un suceso cuya primera víctima es la seguridad nacional, pero quien ha sobrepasado todos los límites aceptables es Pablo Iglesias, que sigue fielmente los métodos del activismo populista que tanto rédito le ha dado: imponerse, aunque con el infalible método de repetir una mentira, en las redes sociales. Ayer, cuestionó que el ministro del Interior pueda velar por la seguridad de las elecciones. La acusación es grave, entre otros motivos porque no tiene en cuenta que el control de los comicios depende de la Junta Electoral (a su pesar, España no es la Venezuela chavista). No sólo es un insulto a Fernández Díaz, sino al conjunto de los funcionarios que cuidan del limpio desarrollo de las elecciones. Pero las palabras del líder de Podemos insinúan algo más: la posibilidad de que los resultados del 26-J puedan ser alterados. Dicho por alguien que se ha jactado de ser el inspirador del triste lema de «pásalo», con el que se convocó el gran escrache que sufrió el PP tras los atentados del 11-M, es un motivo de preocupación. La tentación de interferir en las elecciones es real.