Ministerio de Justicia

Estado de Derecho en Cataluña

Sólo uno de los veintiséis fiscales que integran la Junta de Fiscales de Sala –el órgano de asesoramiento técnico del Ministerio Público, al que, como establece su estatuto, es preciso escuchar cuando se producen discrepancias de interpretación entre la Fiscalía General y alguno de sus miembros–, ha disentido por razones de procedimiento de la decisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar la querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, en relación a los hechos sucedidos con motivo de la celebración de la «consulta participativa» del pasado 9-N, que fue organizada por el Gobierno autónomo catalán. Este respaldo, prácticamente unánime, a la posición del fiscal general adquiere mayor valor, incluso político si se quiere, porque la actual Junta fue reformada y ampliada por su predecesor, Cándido Conde Pumpido, y está mayoritariamente compuesta por fiscales adscritos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), pese a que se trata de una asociación minoritaria dentro de la Carrera. No podrá argüirse, por lo tanto, la supuesta existencia de razones ideológicas detrás del dictamen, mucho menos, las presiones gubernamentales que denuncian algunos partidos de la oposición que, además, ven en la acción de la Fiscalía un efecto contraproducente. De lo contrario, se corre el riesgo de darle la vuelta al argumento, alegando presiones de carácter político o ambiental en la discrepancia existente con los fiscales catalanes, cuya junta decidió que no existían fundamentos técnico-procesales suficientes para impulsar la acción penal. Lo que importa es que prevalece la acción de la Justicia ante unos comportamientos por parte de la Generalitat que han sido fiscalmente calificados de notoria actuación desleal con el pacto constitucional, al tiempo que se denuncia el empleo de «argucias jurídicas sin precedentes» para sacar adelante la consulta. Ahora, la función acusatoria actuará para buscar la restitución del bien jurídico conculcado. Sin duda, los delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia.incluidos en la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau son graves y, de resultar probados, tendrán una inevitable trascendencia política que no es posible desdeñar. Pero en democracia, la Ley siempre debe estar por encima de cualquier otra consideración. Queda constancia de que el sistema jurídico español funciona, sin distinción de personas o circunstancias, y que, por lo tanto, serán los tribunales de Justicia quienes tengan la última palabra –que esperemos sea dicha en el menor tiempo posible–, sin presiones externas que enrarezcan aún más el problema.