Firmeza con Gibraltar

El primer ministro británico, David Cameron, pretende implicar a la Comisión Europea en la cuestión del control de fronteras que ejerce España con la colonia de Gibraltar. Es una iniciativa que sólo puede favorecer a la posición española, puesto que cualquier examen de las actividades económicas y financieras que tienen su origen en el Peñón revelará su carácter de paraíso fiscal, siempre al borde de la alegalidad, mucho más irritante cuando los ciudadanos de la Unión Europea se ven obligados a hacer frente a una mayor presión impositiva por causa de la crisis. Ayer, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, definía con acierto a Gibraltar como la «frontera del contrabando de tabaco». La colonia británica, en efecto, importa anualmente 140.000 millones de cajetillas de cigarrillos sin otro fin que surtir el mercado negro en el suroeste español, bajo la tolerancia de las autoridades de Londres, a las cuales no parece importar lo más mínimo el daño causado a la Hacienda de un país aliado y socio. Desde que se intensificaron los controles fronterizos, y gracias a la eficacia de la Policía y la Guardia Civil, la aprehensiones de tabaco ilegal se han multiplicado por diez, lo que revela la extensión del problema. No es el tabaco, sin embargo, el principal negocio de los llanitos, que han convertido su territorio en el centro mundial del juego on-line, favorecido por un fiscalidad irrisoria. De la magnitud de esta «industria», que puede causar una grave adicción a muchas personas, da cuenta el que la casa de juegos más pequeña de las miles que operan en Gibraltar facture medio millón de euros a la hora. El negocio de las apuestas es, además, un paradigma de cómo entienden los británicos sus relaciones con España. Desde siempre, cualquier concesión hecha a los gibraltareños como muestra de buena voluntad acaba volviéndose contra los intereses españoles. Así ocurrió con los «acuerdos de Córdoba», impulsados por el entonces ministro socialista de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos quien, en nombre de una mal entendida colaboración, facilitó a Gibraltar, sin pasar por el Consejo de Ministros, el uso de decenas de miles de líneas telefónicas españolas, que han sido la base del emporio del juego on-line en la colonia y por las que apenas pagan 4.000 euros al año. Pero para ampliar el negocio y protegerlo de cualquier intervención española, ya sea fiscal o política, Gibraltar necesita tender un cable submarino con el mayor ancho de banda posible. Ése parece ser el objeto de los nuevos diques y rellenos que están llevando a cabo en la costa, con evidentes perjuicios medioambientales. A cambio, pues, de todo el proceso de acercamiento y negociación y del reconocimiento, incluso, de la personalidad jurídica al Gobierno local gibraltareño, no se ha conseguido más que la radicalización de los llanitos, con nuevas exigencias sobre la soberanía de las aguas de la Bahía de Algeciras. Una lección que debemos aprender.