Iguales ante la Ley

La igualdad ante la Ley no sólo es un principio constitucional, sino la garantía de un trato igual para todos los españoles por parte de la Justicia. De ahí que imputar judicialmente a una persona, en este caso a una Infanta de España, para evitar supuestos agravios comparativos no puede ser aceptable en derecho. La imputación debe basarse en «situaciones contrastables que generen en el juez una duda legítima sobre la participación de una persona en el presunto delito». Pues bien, como se desprende del propio auto de imputación del juez José Castro, esas «situaciones contrastables» no han sido debidamente acreditadas. En este sentido hay que entender que la primera alegación en el recurso presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la Infanta Cristina, en una notable pieza jurídica del fiscal de Palma, Pedro Horrach, se refiera al «principio de igualdad ante la Ley». Recuerda el fiscal que la imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos supone, cuando menos, un trato discriminatorio, y reprocha al instructor que no haya realizado una valoración previa, individualizada, respecto del encaje penal de la conducta objeto de investigación. Como la inclusión en la lista de imputados de la Infanta Cristina, solicitada por la acusación particular que representa el sindicato Manos Limpias, ya había sido rechazada en su momento, tanto por el propio juez instructor como por la Audiencia Provincial de Palma, cabe preguntarse, y así lo hace el fiscal, qué nuevos datos, circunstancias, documentos, testificales o cualquier otro elemento incriminatorio han sobrevenido para desvirtuar las consideraciones penales por las que se había rechazado la petición de la acusación particular. La respuesta es clara: ninguno. De ahí que el fiscal Pedro Horrach no alcance a comprender «por qué sólo unos meses más tarde se apele a los mismos hechos y datos para sustentar la conclusión contraria». Aquí se halla, sin duda, el nudo de la cuestión y mucho nos tememos que, ante la presión de un sector de la opinión pública, el magistrado haya interpretado incorrectamente el principio de igualdad ante la Ley y la máxima de que la Justicia es igual para todos, llegando a declarar que cualquier otra persona que no fuera la Infanta hubiera sido imputada por ser «práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran de este trámite». Aseveración arriesgada que admite como práctica habitual las imputaciones basadas en indicios sin entidad penal. Un despropósito que nos negamos a aceptar porque lo único que ha sucedido es que la Infanta Cristina no ha sido tratada como un ciudadano más, igual ante la Ley. Así de grave.