Investigar el uso del dinero público en el plan de Puigdemont

La constitución del nuevo Parlament de Cataluña ha introducido algo de normalidad institucional. Pero no nos engañemos, los conductores del «proceso» creen que su plan todavía es viable y, lo peor de todo, que tiene el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. Si algo dejaron claro las elecciones del 21 de diciembre es que el independentismo no cuenta con la mayoría social. Sobre la base de este error, persistirán en su intento de asaltar el sistema democrático e imponer la «república catalana» que proclamaron el 27 de octubre. De ahí que la «operación Puigdemont» sólo responda a una estrategia de desestabilización. Viendo cómo su estrategia se ha situado en el centro de la escena política catalana, todo indica que responde al plan diseñado de antemano. Por lo tanto, entra en la lógica de la investigación abierta por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los dirigentes independentistas la de unas cuentas abiertas por la Generalitat en Bruselas y unos movimientos que deben ser justificados. Hay tres transferencias, dos a nombre de The Hague Centre for Strategic Studies, con sede en La Haya –con importes de 58.250 y 61.450 euros–, y una destinada la Delegación de la Generalitat en Croacia por 20.000 euros. Es lógico que el juez Llarena quiera saber el ordenante y destinatario de estas transferencias, porque es muy poco creíble jusjtificar que el aparato montado por Puigdemont en Bruselas se financia gracias a la generosidad de unos empresarios. Podría ser así y no incumplir la Ley porque no existe ninguna orden internacional de detención contra el ex presidente de la Generalitat. Cosa diferente es que esas transferencias se hayan realizado con partidas destinadas a otros fines, aunque sean las recibidas para financiación de partidos, porque se podría estar incurriendo en malversación. El independentismo ha utilizado las instituciones catalanas para llevar a cabo un plan ilegal, siempre desde el fraude de ley, directamente incumpliéndola o burlándola, por lo que es más que sospechoso que estos primeros movimientos bancarios se produjeron sólo unos días antes de que el Ministerio de Hacienda decidiera intervenir las cuentas de la Generalitat para impedir precisamente que se utilizasen fondos públicos para el referéndum del 1-O. De ahí que esté dentro de lo previsible solicitar una comisión rogativa, además de abrir nuevas diligencias. Hay fundadas sospechas sobre el uso fraudulentos de fondos públicos para la preparación del referéndum ilegal del 1-O y que éstos se ocultaron en varias partidas. Finalmente, pudo comprobarse que existían urnas, sistema informático, webs y otras infraestructuras para burlar la acción del Estado. Resulta, por lo tanto, hipócrita e inmoral que tras la valoración del dispositivo de seguridad del 1-O expuesta ayer por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado y cifrado en 87 millones, los partidos nacionalistas catalanes –además de Podemos– lo consideren una cantidad desproporcionada y mal empleada. Más grave es que lo digan aquellos que disponían de un plan para subvertir el Estado de Derecho. La actuación de las Fuerzas de Seguridad fue propocionada ante un desafío que contó, además, con la complacencia de los Mossos d’Esquadra, que actuó con absoluta pasividad y deslealtad. Ahora, como en el caso de Puigdemont, el ex responsable de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero, deberá responder ante la Justicia.