La amnistía fiscal fue un error y el gobierno debe asumirlo como tal

La amnistía fiscal de 2012 fue una de las decisiones más controvertidas del Gobierno del Partido Popular recién llegado al poder. El Ejecutivo defendió su necesidad por la coyuntura de extrema adversidad económica en la que se adoptó y su éxito porque puso al alcance de la Agencia Tributaria bienes que hasta ese instante estaban ocultos y que desde entonces comenzaron a tributar de forma ordinaria, pero ambos argumentos son más que discutibles. La decisión unánime del pleno del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional aquella regularización extraordinaria lo demostró ayer. Los magistrados estimaron un recurso del Grupo Socialista del Congreso por entender que se vulneró el art. 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso de la vía urgente del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten «de forma relevante o sustancial» a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, que incluye el «deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos». La amnistía formaba parte del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, para la reducción de déficit público, que recogía la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10%, sin sanciones, intereses ni recargos. Los magistrados se encargaron de limitar el alcance de su resolución al decidir que la nulidad de la norma no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que aprovecharon la amnistía, pero fue contundente, en cambio, en sus reproches al Ejecutivo y su apuesta por la excepcionalidad tributaria que, «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal», supuso «una abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». Más allá de que estamos ante un dictamen constitucional sin consecuencias para el Estado, en cuanto a que los ingresos regularizados están a salvo, ni para los contribuyentes afectados, que no se verán inmersos en revisión alguna, la resolución del Alto Tribunal es un serio revés de orden político para el Gobierno que tendrá que afrontar con pocas bazas convincentes en la mano. Podrá alegar que se trató de una medida excepcional en una coyuntura de extrema urgencia con durísimas exigencias que enfrentar desde Bruselas y pocos recursos que manejar para satisfacerlas y el riesgo cierto de colapso financiero, pero la respuesta de los magistrados a esas circunstancias reales fue concluyente y certera: «El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia». Existía una imperiosa necesidad de incrementar la recaudación, sí, pero se optó por un instrumento irregular para mejorar con urgencia la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que alteraba principios medulares de la cohesión social y tributaria. Y si encima los resultados estuvieron alejados de lo previsto –afloraron 40.000 millones de euros y supuso una recaudación de 1.200 millones para las arcas del Estado, la mitad de lo que se esperaba–, el balance sólo puede ser decepcionante. El Tribunal Constitucional esgrimió ayer razones jurídicas y doctrinales consistentes contra la amnistía fiscal que refrendaron que aquella medida excepcional del Gobierno fue un error, un atajo que pudo y debió evitarse y cuyos resultados tampoco pueden justificar que se legitimara de una forma u otra el fraude y la injusticia de premiar a quienes incumplieron sus obligaciones fiscales en detrimento de aquellos que sí contribuyeron al fisco. El Ejecutivo tiene en su haber una magnífica gestión económica que ha situado a España como la locomotora del crecimiento en Europa, pero la amnistía fiscal fue un yerro que toca reconocer.