Londres se pliega a Bruselas

Llegada la hora de la verdad, cuando las bravatas nacionalistas, confrontadas a la realidad, carecen de sentido, el Gobierno del Reino Unido se ha plegado a las tres condiciones básicas impuestas por Bruselas para alcanzar un acuerdo razonable, el menos lesivo posible para los intereses británicos. Se podrá argumentar que la debilidad interna del Gobierno que preside Theresa May ha jugado a favor de la Unión Europea, pero es muy dudoso que cualquier otro Gobierno en Londres hubiera podido alcanzar un resultado mejor. No sólo porque la Unión Europea ha demostrado una unidad sólida, por encima de intereses e inclinaciones nacionales, sino porque el Brexit es un error mayúsculo que ningún negociador, por brillante que fuera, hubiera podido reparar. Era, sin duda, la única alternativa que le quedaba a Londres, so pena de afrontar un futuro de aislamiento económico y financiero en unas circunstancias internacionales muy poco propicias para batallar en solitario. Sólo la pertenencia a una de las grandes potencias económicas en que se divide el mundo –y la UE es una de ellas por derecho propio– permite negociar de igual a igual en los competitivos mercados globales. Baste con citar el ejemplo de las arduas y complicadas negociaciones que tuvo que afrontar Canadá para poder acceder en igualdad de condiciones al mercado europeo, para comprender en toda su extensión la terrible equivocación cometida por los británicos. Por supuesto, el acuerdo firmado en la madrugada de ayer, tras una de esas maratonianas reuniones que son ya marca de la casa, debe ser refrendado por los 27 socios de la Unión Europea, pero no se prevé que se alcen voces en contra, como tampoco se espera una oposición determinante en Reino Unido, una vez que fueron los diputados proeuropeístas quienes consiguieron que cualquier acuerdo de divorcio tuviera que pasar por el Parlamento, precisamente para evitar que un Brexit duro pusiera aún peor las cosas para su país. No ha sido el caso. El Reino Unido ha aceptado las exigencias irlandesas de una frontera «débil», cuya normativa aduanera, si se producen discusiones, se sujetará a la normativa europea, fórmula similar a la que rige con Noruega. Los ciudadanos de la UE que residen en territorio británico –unos tres millones– gozarán de los mismos derechos de que ya disponen, incluidos el de reagrupación familiar, y mantendrán el resto de las protecciones que contemplan las directivas europeas. Finalmente, Londres se aviene a pagar la factura financiera, sin discutir ni la metodología ni los conceptos planteados por Bruselas. Se discutirá, como era previsible, la cantidad final, pero será muy superior, más del doble, de los 20.000 millones de euros que pretendían pagar los británicos. Pero más allá del propio contenido de estos acuerdos, lo esencial es que el Reino Unido ha aceptado dotar a su «Ley de Retirada» de las mismas excepciones que rezan en los tratados europeos frente a las legislaciones nacionales. Es decir, que en caso de duda, prima la «Ley de Retirada» sobre las leyes ordinarias. Una cesión de soberanía por parte de Londres, se vista como se vista, que era condición inexcusable para acordar unas relaciones comerciales abiertas con el resto de la UE. Tal vez, desde absurdos maximalismos, podrá criticarse que el acuerdo alcanzado permite a los británicos salvar las peores consecuencias de su decisión de separarse de Europa, pero ni la Unión Europea se creó para dar lecciones e imponer castigos, ni un daño mayor al ex socio redundaría en beneficio alguno para los 27. Todo lo contrario.