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Los Mossos deben hacer cumplir la ley

Tiempo de lectura 4 min.

21 de marzo de 2019. 23:32h

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21/3/2019

No había más salida que aplicar la ley. La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a los Mossos d’Esquadra retirar los símbolos secesionistas de los edificios públicos y llevará al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ante la Fiscalía, además de abrir un expediente sancionador. De esta manera, la JEC ha utilizado todos los medios a su alcance para hacer cumplir la ley. Se abre de esta manera una nueva batalla, cuyo primer acto no será fácil: que la policía autonómica ejecute la orden de retirar los símbolos independentistas en miles de edificios –consejerías, dependencias de la administración, ayuntamientos, centros de salud, colegios públicos, institutos, universidades– ante la oposición organizada, como viene siendo habitual, de los grupos afines y de otros de carácter más violento. Es la misma táctica provocativa de siempre. No es el momento más propicio para que la Generalitat haga demostración de desobediencia, justo cuando los líderes independentistas se esfuerzan en demostrar ante el Tribunal Supremo que el 1-O fue un ejemplo de pacifismo y respeto a los normas democráticas. Y de manera muy especial los mandos de los Mossos, que quieren corregir la acusación de pasividad y de que no cumplieron con el mandato del juez y del Constitucional. Provocación o no, Torra se enfrenta al delito de desobediencia que, según lo recoge el artículo 410 del Código Penal, supone la inhabilitación para ejercer cargo público entre seis y dos años. La degeneración que sufre como institución la Generalitat es absoluta y con este nuevo desafío sólo ha conseguido ridiculizar a su propio presidente. Esperemos que la sociedad catalana todavía afín al «proceso» reflexione. La descripción de la burla representada por la Generalitat, diez días después de la JEC ordenase la retirada de los símbolos independentistas, es tan burda, tan ofensiva y demuestra tanto desprecio a lo que debe ser la función de una administración al servicio de todos sus ciudadanos, que en un Estado de derecho que se precie no puede aceptarse. En primer lugar, en defensa de los ciudadanos catalanes que no aceptan el plan independentista que se les ha impuesto. En segundo lugar, porque el objetivo de los dirigentes de la Generalitat no es otro que subvertir la legalidad democrática. Dirán que están ejerciendo el derecho de libertad de expresión, que ellos ya son una república..., pero no es más que su habitual método de volver a echar combustible a un «proceso» que da muestras de agotamiento y, según se está viendo en el Tribunal Supremo, de muy poca decencia moral. Hace tiempo que se viene advirtiendo sobre la patrimonialización de la Generalitat por el nacionalismo catalán, pero se entendió que este era el pago obligado al catalanismo –antes de su transmutación al independentismo actual– que decía que en Cataluña no se puede ejercer la política si no es desde esa tradición; no basta un discurso reformador, liberal, europeísta, abierto y tolerante. Así que es lógico que sigan entendiendo que la administración catalana es un arma para alcanzar el objetivo final. El telón de este juego se ha descorrido hace tiempo y ha mostrado las entrañas de una sociedad profundamente dividida con unos líderes políticos con un nivel de irresponsabilidad difícilmente alcanzable en el entorno de las democracias europeas. Es lógico, por lo tanto, que Pedro Sánchez contemple desde Bruselas el vergonzoso suceso de ver cómo cuelgan pancartas que insultan a la democracia española y nos ofrezca un discurso legalista. «Cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos y cada uno de los actores a la Junta Electoral Central», dijo. Cierto. Pero un presidente del Gobierno debería anteponer la legalidad siempre. En los centros oficiales, que son de todos los catalanes, nunca debe haber símbolos independentistas.

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