Pedagogía constitucional

La encuesta de NC Report que hoy publica LA RAZÓN sobre la necesidad de una hipotética reforma constitucional demuestra, a grandes rasgos, que el intenso debate público de estos últimos meses, al hilo del desafío separatista del nacionalismo catalán, ha calado en el ánimo de los ciudadanos, pero sin que se pueda afirmar que existe una demanda objetiva, u objetivable, de una modificación relevante de nuestra Carta Magna. Y lo que es más significativo, ni siquiera el ruido ambiental en el que se ve envuelta la controversia desdibuja el hecho cierto de que la inmensa mayoría de los españoles no está dispuesta a cambiar el actual modelo territorial por otro que supusiera mayor poder autonómico o admitiera desigualdades entre las diversas regiones de España. Así las cosas, que luego iremos desgranando con más detalle, cabe preguntarse qué aspectos de la Constitución quieren cambiar los españoles, sin hallar una respuesta convincente, pese a que el 72,3 por ciento asegure que es necesario realizar reformas en la Constitución, y un 56,7 por ciento se muestre convencido de que éstas deben ser de una magnitud importante. Una situación que impone una seria labor pedagógica a las diversas instituciones del Estado, no sólo sobre la vigencia y las bondades de nuestro ordenamiento constitucional, sobre las que ya existe un acuerdo básico – el 74,8 por ciento de los encuestados considera que la Constitución ha sido positiva para España–, sino sobre los riesgos de abordar un proceso de reformas, así en genérico, que no venga precedido de un profundo debate político y social. Porque si, tal y como manifiestan los promotores de la reforma, se trata de buscar un mejor encaje de Cataluña con el resto de España, la respuesta no puede ser más clara: el 80,9 por ciento de los consultados rechazan la existencia de unas comunidades autónomas con más privilegios que otras, y más de un tercio de los españoles –el 33,1 por ciento– se muestra partidario de recortar poderes a las autonomías, frente a un 37,6 por ciento que se declara satisfecho con el actual modelo territorial. Sólo el 20, 7 por ciento admitiría mayores cuotas de autogobierno. En definitiva, no parece que sea la mejor opción posible alimentar un debate sobre el que no existe una clara definición de propuestas e intenciones y, mucho menos, en vísperas de un año electoral. Cuestionar el actual marco de estabilidad, que ha permitido el mayor progreso de España conocido en su historia reciente, adquiere tintes de reclamo electoralista que no ayuda, precisamente, a resolver los problemas planteados a la Nación. La Constitución española sigue siendo la mejor garantía de libertad y democracia para todos los españoles y cualquier propuesta de reforma no puede eludir los principio básicos del consenso y la lealtad.