Proteger la democracia

Los objetivos de la futura Ley Orgánica de Seguridad Nacional son salvaguardar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, los principios y valores del Estado de Derecho, los intereses nacionales y los compromisos internacionales. Se trata, por lo tanto, de un anteproyecto en defensa de la democracia, pero sin ser una medida de excepción. Aunque coincide con la alarma terrorista provocada por los atentados yihadistas de París, las medidas ya estaban previstas en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en mayo de 2013. Es inevitable que tras los últimos sucesos sea urgente su puesta en marcha, la cual, en esencia, supone la intervención temporal de bienes privados para hacer frente a situaciones que afecten a la seguridad del país. El elemento fundamental de esta ley es que no supondrá la suspensión de derechos fundamentales, algo que sí se contempla, por ejemplo, en la de Alarma, Excepción y Sitio de 1981. El terrorismo golpea a las sociedades democráticas con el doble objetivo de atemorizar y someter a la población y de provocar la suspensión de las libertades públicas. El principio básico que debe defenderse es el de la libertad, como claramente han expresado Mariano Rajoy y el conjunto de los mandatarios de la Unión Europea, por lo que cualquier medida que refuerce la seguridad debe tomarse para fortalecer el Estado de Derecho y para proteger las libertades. En momentos como el que estamos viviendo, en el que somos acosados por un terrorismo ciego e indiscriminado, es importante que este debate no pierda de vista su verdadera esencia: la seguridad no debe afectar a ningún derecho fundamental. Por lo tanto, conviene no malinterpretar que redoblar medidas en aeropuertos o fronteras es una merma de libertades, sino que es un coste necesario y temporal para luchar contra un terrorismo que no debería poder moverse libremente entre países con el propósito de buscar los objetivos más vulnerables y dañinos. Desde el punto de vista de la seguridad, la situación que viven Europa y el conjunto del mundo occidental es nueva. Los atentados de Madrid y Londres dejaron clara la capacidad de acción de los grupos yihadistas y su ilimitada capacidad destructiva, pero los ataques de París ha puesto de manifiesto que es un enemigo que está dentro de estas propias sociedades y que se beneficia de su amplio margen de tolerancia. La detección a tiempo y posterior abatimiento de dos yihadistas en Bélgica que estaban dispuestos a atentar confirma la peor de las sospechas: no estamos ante una guerra convencional, pero sí se trata de un conflicto en el que están en juego la estabilidad democrática de los países libres. Es una nueva guerra. De ahí que Francia haya decidido movilizar al Ejército y el Gobierno belga haya aplicado la misma medida, subiendo el nivel de alerta. El terrorismo yihadista debe saber que no va a actuar libremente.