Pujol ya no se arrepiente

El arrepentimiento que reflejó Jordi Pujol en su confesión como evasor fiscal durante tantos años, su voluntad declarada días después de colaborar con la Justicia, parecen haber quedado atrás. Las decisiones de los representantes legales de la familia indican justamente lo contrario. Existe un ánimo obstruccionista materializado en los recursos legales para frenar la colaboración de las entidades financieras andorranas por las que transitaba el dinero de los Pujol y anular las pruebas conseguidas por la filtración de la información fiscal que reveló la existencia de cuentas opacas en el Principado. Esa misma voluntad queda patente en su actuación contra la comisión rogatoria emitida por el juez Pablo Ruz para conocer los movimientos bancarios en Andorra de Jordi Pujol Ferrusola y de su ex pareja Mercè Gironés. Obviamente, las actuaciones de los letrados de Pujol se enmarcan en el ejercicio del legítimo derecho a la defensa que nadie discute ni cuestiona. Muy distintos son los reparos morales e incluso los reproches políticos que nos pueda merecer el doble discurso del ex presidente de la Generalitat, cuya estrategia se ha desmarcado del remordimiento y la pesadumbre para directamente intentar que todos sus manejos y los de su familia se queden en nada más allá de unas pocas jornadas de sonrojo público que parecen ya incluso superadas. Que los Pujol pretenden darle la vuelta a la tortilla lo demuestra que se haya envuelto de nuevo en la bandera estelada. «Me atacan para debilitar al soberanismo». Este ejercicio de victimismo político tan poco presentable en una diligencia judicial habla de que la familia está maniobrando con todo su arsenal para salir indemne del monumental escándalo. Es obvio que el ex presidente sabe que hay una cierta clase política dispuesta, en pleno pulso secesionista, con la Diada a un paso –y esa V de la vergüenza del 11 de septiembre que no arranca– y la consulta a la vuelta de la esquina, a instrumentalizar el embrollo y sacar todo el provecho posible del mismo. En este sentido, ha habido incluso algún iletrado independentista que ha responsabilizado a España de los manejos del clan Pujol. A estas alturas, todo vale, aunque, en realidad, no sea así. Sería nefasto que Pujol y los que son como él se salieran con la suya. El mensaje para la sociedad resultaría devastador y eso no puede ocurrir. El Estado de Derecho debe funcionar con normalidad y plenas garantías para todos, con el respeto debido a la presunción de inocencia, pero con la contundencia y la determinación propias de la trascendencia que tiene que se depuren responsabilidades tan graves como las que se investigan. Nadie puede estar por encima de la Ley, y la democracia española lo está demostrando. Tal vez, por eso, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, quiere romper la legalidad española. Así, el oasis nacionalista sería eterno.