Que Bruselas investigue, sí

La entrevista telefónica entre el presidente del Gobierno español y el de la Comisión Europea ha tenido la virtud de ser breve, clara y eficaz. En apenas doce minutos de conversación, Rajoy y Durão Barroso han acordado el envío «lo antes posible» de una misión comunitaria para analizar las causas de la crisis abierta entre España y Gran Bretaña por la conducta irresponsable de los gobernantes gibraltareños. El primer ministro británico, David Cameron, también había solicitado la pasada semana la intervención de Bruselas en el contencioso. Habiendo, pues, consenso entre las partes, sólo resta aguardar la llegada de los verificadores comunitarios, cuya tarea fundamental es constatar en qué grado la colonia británica está violando sistemáticamente diversas leyes europeas y españolas, empezando por las de protección al medio ambiente, siguiendo por las fiscales y terminando por las que persiguen el blanqueo de dinero. En lo que atañe a España, los enviados tendrán que evaluar si las medidas de control fronterizo puestas en marcha se ajustan a la normativa que rige para los países fronterizos de la zona Schengen. Se trata, en cualquier caso y por encima de todo, de que prevalezcan la Ley y el Derecho comunitarios sin restricciones ni zonas oscuras a ambos lados de la frontera. Como advirtió ayer el presidente Rajoy, no se trata solamente de que los enviados de Bruselas verifiquen el atropello a los derechos de los pescadores españoles o que juzguen inaceptable el vertido al mar de bloques de hormigón, sino que investiguen exhaustivamente si Gibraltar ha cometido reiteradamente delitos medioambientales, algunos tan escandalosos como el que revela hoy nuestro periódico: la extracción ilegal de arena de playas protegidas con la intención de ganarle terreno al mar, así como la práctica del llamado «bunkering», que supone una grave infracción de las normas medioambientales europeas. Pero también, y con especial interés, los verificadores deberán investigar si las autoridades coloniales fomentan el lavado de dinero negro y el contrabando de tabaco, entre otras mercancías, lo que explicaría que Gibraltar sea desde hace años un agujero negro en la lucha de Europa contra la delincuencia fiscal. Es de suponer que David Cameron estará plenamente de acuerdo con esta apuesta inequívoca por la transparencia y la legalidad de acuerdo a la normativa comunitaria. Más aún, el «premier» británico debería ser el más interesado en desmentir que su colonia sea un nido de delincuentes y traficantes que se están enriqueciendo a costa de burlar el pago de impuestos, de blanquear capitales y de parapetarse tras un régimen de franquicia para cometer tropelías que en la propia Gran Bretaña serían castigadas penalmente con duras condenas judiciales.