Sin neutralidad institucional

El uso abusivo y electoralista que Pedro Sánchez está haciendo sólo puede entenderse desde el objetivo mismo de su moción de censura que le llevó a La Moncloa. La exigua mayoría conseguida con el apoyo de Podemos, pero, sobre todo, con los votos de los independentistas catalanes, le dio a su Gobierno un sentido estrictamente instrumental. Es decir, éste era el primer paso –y necesario– para afrontar una futuras elecciones en las mejores condiciones y hacerse valer de la enorme publicidad de la tribuna del Consejo de Ministros y del poder de un órgano del Estado. Sánchez lo ha hecho sin disimulo, saltándose normas básicas de neutralidad institucional, consciente de su precariedad política y de que ni en sus mayores fantasías políticas había soñado con presidir el Gobierno con 84 diputados. Es la hora de afianzar su mayoría y pondrá todos los medios públicos a sus alcance si hace falta. Los tiempos de la posmodernidad política soplan a su favor: todo está permitido. Desde que anunció el adelanto de las elecciones para el próximo 28 de abril, el Gobierno se ha convertido en un verdadero aparato de propaganda y su círculo más íntimo en La Moncloa en su comité electoral. Ahora bien, el descaro de su actuación afecta directamente a las funciones de la actividad de las Cortes, en concreto en la extralimitación en el uso del decreto, pues suple el debate parlamentario. El decreto es un recurso legislativo que se emplea por razones de urgencia –aunque luego deba convalidarse en el Congreso en el menor tiempo posible; un mes es lo prescrito–, pero siempre por ser un «caso de extraordinaria y urgente necesidad», como indica la Constitución en su artículo 86. El uso del decreto en los últimos ocho meses por parte de Sánchez es de 32, una cantidad que sobrepasa la de otros mandatos –desde Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy–, lo que incide en una desprecio hacia el Parlamento. Este recurso está dentro de sus prerrogativas, como es la de la «dirección política», aunque debe hacerse moderadamente una vez convocadas las elecciones y dejando su sanción a la Diputación Permanente, algo inusitado. Y algo más: aprobar decretos que se aplicarán dos años más tarde, como es el caso del permiso de paternidad, sin estar presupuestado por el futuro gobierno, que no necesariamente deberá ser el mismo. Sánchez parece olvidar este hecho. Desde 1978, la mayoría de los decretos aprobados en la Diputación Permanente ha sido de pagos y actuaciones urgentes y desastres naturales y accidentes, frente a sólo tres que fueron iniciativas políticas. En el caso de los que ha sacado adelante el actual Gobierno, ninguno de ellos se acogen a la urgencia extraordinaria exigida, además de impedir a la oposición la posibilidad del recurrir al Tribunal Constitucional, ya que este recurso sólo los pueden ejercer cincuenta diputados, algo imposible una vez disueltas las cámaras, inhábiles desde hoy. Sánchez ha decidido poner a La Moncloa a su servicio y preparar desde la propia institución la campaña, utilizando los medios y el aparato de la administración. Como anunció ayer el líder del PP, Pablo Casado, cabe la posibilidad de recurrir ante la Junta Electoral Central porque Sánchez podría estar sobrepasando el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que especifica en su punto dos que «desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos». Todo indica que Sánchez está dispuesto a incumplir sin escrúpulos la norma de neutralidad institucional.