Sólo en el marco de la Ley

En una democracia, y España lo es, la calle no puede ser fuente de legitimidad para la acción política de gobierno. Los sistemas de participación están perfectamente establecidos y garantizados por el corpus legal. Yerran quienes, desde cualquier opción ideológica, tratan de transferir a las movilizaciones populares, por muy vistosas y nutridas que sean, las cualidades de las urnas. Ya lo hizo en 2012 el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con un adelanto electoral que se pretendía plebiscitario y que, sin embargo, supuso un serio retroceso en los resultados de su partido. Dos años después, la situación corre el riesgo de repetirse, pues a nadie se le escapa que una de las opciones que baraja el Gobierno catalán para salir del «impasse» político en el que se encuentra es adelantar la convocatoria de las elecciones con la misma pretensión de entonces. Y no queda mucho más espacio a las especulaciones de futuro porque, transcurrida la efectista manifestación soberanista de Barcelona, la cuestión de fondo no ha variado un ápice. Ayer, al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, argumentó con la solidez que la caracteriza las razones de la posición del Ejecutivo, que no admite variación posible por cuanto ni se trata de una elección ni de un capricho, sino de un imperativo legal que exige que cualquier decisión que pueda adoptarse se encuentre dentro de la Ley. Así, como reiteró la vicepresidenta, ni el Gobierno puede acordar fuera del marco constitucional cuestión alguna con la Generalitat de Cataluña, ni Artur Mas tiene otra opción por su responsabilidad institucional que la de cumplir y hacer cumplir la Ley, bajo el apercibimiento de una sanción penal que ayer el juez Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, elevaba hasta los 15 años de prisión, en caso de que a los delitos de desobediencia y prevaricación se les sumara el de sedición. No creemos, sin embargo, que la Generalitat vaya a incumplir sus deberes, por más presiones que reciba desde el separatismo radical. Por emplear una expresión al uso, la «hoja de ruta» no puede estar más definida y ya ha sido expuesta por el Gobierno. De hecho, Sáenz de Santamaría recordaba ayer a la Generalitat que la interposición ante el Constitucional del recurso contra la anunciada ley de consultas del Parlamento catalán supone la suspensión automática de la norma impugnada, al menos, durante un periodo de cinco meses, que es el plazo del que dispone el TC para sustanciar el recurso y resolver. Pero dijo algo más la vicepresidenta del Gobierno que sí tiene mucho que ver de cara al futuro. Dijo que, más allá del 9 de noviembre, hay cuestiones planteadas por la Generalitat que afectan al bienestar de los catalanes que es preciso resolver. Pero siempre desde la lealtad institucional y el diálogo.