Toda la Ley contra la subversión separatista

Aunque con la cadencia y la contundencia no siempre esperadas, las sentencias se acumulan contra los autores de los actos ilícitos separatistas. El Gobierno ya avisó que respondería al independentismo con diálogo, pero también con el Estado de Derecho para preservar el marco jurídico. Y de ahí no se ha movido. Mientras, la administración secesionista se ha empeñado en recorrer esa milla verde que le conduce al abismo. Ayer, en diez minutos, JxSí y la CUP reventaron la normalidad democrática para adulterar el Reglamento de la Cámara catalana y acelerar la ruptura. Dos días antes, habían aprobado los Presupuestos del referéndum contra el criterio del Consejo de Garantías Estatutarias y el de los letrados del Parlament, que avisaron de su inconstitucionalidad, De inmediato, pusieron en marcha una campaña institucional que promueve la consulta ilegal y activaron la adquisición de papeletas y sobres. La Fiscalía replicó como debía al abrir una investigación para determinar si la Generalitat ha podido cometer los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos al iniciar los preparativos del referéndum secesionista pese a la anulación expresa del Tribunal Constitucional. Nada hace pensar en las acciones de los independentistas que su meta final no sea otra que forzar el choque de trenes para hacer bueno aquello de cuanto peor, mejor. La defensa de la convivencia entre españoles, de su libertad y su bienestar contra la amenaza de la subversión es la Ley, toda la Ley, y el Gobierno debe aplicarse a ello.