Un Gibraltar con España y en la UE

La irresponsabilidad de propiciar un referéndum para la salida del Reino Unido de la UE llegó a su punto más álgido cuando, además de amenazar con que no pagaría su parte de los compromisos presupuestarios –calculados en 60.000 millones de euros–, no quería renunciar a la soberanía plena sobre Gibraltar, abandonando al enclave a la decrepitud económica. Los impulsores del Brexit no esconden sus objetivos: beneficiarse de lo mejor de ambos lados. El hecho de que la premier Theresa May no haya incluido en su carta del pasado miércoles al presidente del Consejo Europeo ninguna referencia a Gibraltar ha clarificado una situación históricamente compleja, «olvido» que ayer criticaron todos los partidos del Parlamento británico. Esta ausencia no es anecdótica, pues permite interpretar que la Roca se ha quedado sin voz de cara a unas negociaciones que no serán fáciles. De hecho, el presidente del Consejo, Donald Tusk, defendió la postura española de que el futuro de la colonia sólo puede salir adelante con el acuerdo entre España y Reino Unido, por lo que Gibraltar quedará fuera de las negociaciones del Brexit, si así lo aprueba el CE el próximo 29 de abril. La posición de España es muy clara en este contencioso: la soberanía conjunta. Este acuerdo debería basarse en cuatro puntos: que los gribraltareños puedan acceder a la nacionalidad española sin renunciar a la británica; un régimen de autonomía; una fiscalidad propia y compatible con la UE y, por último, compartir con Reino Unido las competencias de exteriores, defensa, inmigración y fronteras. Se abre un periodo en el que el realismo debería atemperar el lenguaje de los derechos históricos y el Tratado de Utrecht (estamos hablando de 1713 y de la potestad de España de cerrar la verja, algo que no podía hacerse aplicando la legislación de libre circulación de personas entre dos países de la UE, aunque Reino Unido está en trámites de dejarla). Pero el escenario que se abre ahora va más lejos de la «diplomacia de la verja». En estos momentos se impone una situación insostenible para Gibraltar, un territorio con una fuerte dependencia económica del Campo de Gibraltar, pero que se ve obligada a dejar el marco de la UE. El ministro principal, Fabian Picardo, recuerda en una entrevista que publicamos en LA RAZÓN que Gibraltar votó en dos ocasiones, en 1967 y 2002, contra la cosoberanía, pero ahora hay un hecho que interfiere de manera determinante: la salida de la UE y el abandono de una colonia sin posibilidades de desarrollo y de tener un mercado libre con España. La prueba está en el resultado del Brexit en el peñón: el 95,91% de la población votó a favor de la continuidad de Reino Unido en la UE. Fue, además, el territorio británico que menos apoyó el Brexit, seguido de algunas poblaciones de la conurbación de Londres. Es evidente que los más de 20.000 mil habitantes saben que la dependencia de la economía de la zona es absoluta. La posición de Gibraltar es de extrema debilidad, a pesar de los excesos de Picardo –«este pequeño revés no va a cambiar nada»–, y le será muy difícil explicar a la población por qué es mejor salir de la Unión que permanecer en ella o por qué es más beneficioso despreciar un estatuto tan privilegiado con el de la doble ciudadanía que aferrarse a un estatuto colonial anacrónico. El Peñón, además, y a diferencia de Escocia e Irlanda del Norte, no dispone de ninguna autonomía territorial, lo que la deja fuera de cualquier negociación colectiva. La realidad es que la única manera de que Gibraltar pudiera continuar en la UE es que la representación exterior estuviera compartida por España y Reino Unido. En estos momentos, al Peñón le conviene un punto de realismo.