Afortunadamente, Mas no está por encima de la Ley

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió ayer a trámite las querellas presentadas por el 9-N y acordó investigar al presidente catalán, Artur Mas; a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional, que suspendió el simulacro de consulta sobre la independencia. La decisión es la consecuencia lógica de una actuación administrativa y política de extraordinaria gravedad. Artur Mas, Oriol Junqueras y quienes insisten en convertirse en un problema para los ciudadanos deben asumir que en un Estado de Derecho nadie está por encima de la Ley, ni siquiera al margen, y que los servidores públicos se deben al ordenamiento, más si cabe que los demás. Tendrán que aceptar las consecuencias de sus actos, aunque con seguridad recurrirán al victimismo. Se equivocarán. Aunque nada se puede prejuzgar, el procedimiento contra la cúpula de la Generalitat conduce a Cataluña al terreno de la excepcionalidad política, para desgracia de una sociedad sumida en el desgobierno.