Escudo en Europa ante los cantos de sirena del populismo

La solidaridad europea no se discute cuando se trata de repartirse los fondos, pero a la hora de distribuir las cargas, aparecen los peros y los intereses nacionales. La inmigración es una de las carpetas más divisivas entre los Estados miembro desde la gran oleada de refugiados que huían de la guerra de Siria en 2015. Las fronteras europeas se han mostrado permeables a la inmigración mientras que las interiores se han cerrado en nombre de la seguridad nacional. Hemos visto levantar muros y vallas; también cómo la inmigración se ha convertido en un arma de la guerra híbrida de Rusia y Bielorrusia. España, Italia y Grecia han sufrido en solitario la gran afluencia de inmigrantes procedentes de África, Asia y Oriente Medio, víctimas de los traficantes de personas. Con un aumento de las llegadas irregulares de un 60% y las solicitudes de asilo de un 78%, Alemania restablece los controles con Polonia, reacia a su vez a aceptar inmigrantes, pero envuelta en un escándalo por la concesión ilegal de visados. Varsovia hace lo mismo con Eslovaquia, Viena con Hungría... El espacio Schengen, símbolo de la libre circulación y uno los logros más preciados de la integración europea, se ha convertido en papel mojado.

Ocho años después de la crisis humanitaria desatada por el conflicto armado de Siria, y tres años después de que Bruselas acordarse abordar el problema, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han llegado a un acuerdo. La reforma prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, centros cerrados en las fronteras exteriores para expulsar más rápidamente a quienes no tengan derecho a asilo, y un mecanismo de solidaridad obligatoria, en beneficio de los países bajo mayor presión migratoria. Las autoridades aseguran que los centros de detención no serán como «cárceles» sino como «centros de espera» y que podrán ubicarse fuera de la frontera poniendo el ejemplo de las islas griegas o las canarias. En vez del sistema de cuotas, ahora se propone un mecanismo de solidaridad para que los Estados que no quieran acoger a los inmigrantes paguen entorno a 20.000 por refugiado.

El acuerdo político deberá aún ser ratificado por el Consejo Europeo, es decir, el foro de los 27 Estados miembros, y por el Parlamento Europeo. El objetivo es que esté aprobado antes de las elecciones europeas de junio de 2024. Nadie quiere un tsunami populista. Las elecciones de 2023 han dejado un panorama abierto. La victoria del viejo partido antiinmigración y antiislam de Geert Wilders en Países Bajos ha quedado contrarrestado por la vuelta de Polonia al corazón de Europa con el nuevo gobierno encabezado por Donald Tusk. Las últimas previsiones demoscópicas mantienen al Partido Popular Europeo como la fuerza mayoritaria en la Eurocámara, pero también arrojan un espectacular crecimiento de los grupos más duros como el de Identidad y Democracia de Le Pen o AfD que llegaría hasta los 87 escaños y superaría a los Conservadores y Reformistas Europeos de Giorgia Meloni que llegaría a 83.

Los líderes europeos deben hablar claro a los ciudadanos para que no oigan los cantos de sirena del populismo. La reforma va en la buena dirección.