España se levanta contra la infamia

España ha despertado ante la descomunal e inimaginable infamia que pretenden consumar Sánchez y el PSOE. con el único y evidente objetivo de su beneficio personal y político. Las siglas «PSOE» superada la Transición a la democracia, con Felipe González acompañado de Alfonso Guerra al frente, hicieron posible que en aquel clima de consenso y reconciliación histórica se amnistiaran incluso a los terroristas etarras y que pese a ello siguieron asesinando indiscriminadamente hasta más de 30 años después, y todos ya en democracia. Y que se hiciera un ejercicio de amnesia colectiva respecto a aquel PSOE que con Largo Caballero promovió el golpe de estado revolucionario contra el gobierno republicano en 1934, el pucherazo electoral de febrero de 1936 que permitió a su Frente Popular acceder al poder, amnistiar a los suyos, a sus socios y aliados y crear una crispación que llevaría a la guerra civil. Así, con ocasión de las primeras elecciones del actual sistema constitucional en abril de 1979, se presentaron a ellas con el lema de «PSOE: 100 años de honradez», al nacer el 2 de mayo de 1879 en Madrid. Si aquel PSOE largocaballerista dinamitó el régimen republicano, el actual se ha dinamitado a sí mismo con su actuación desde que devolvió a la secretaría general a Sánchez. Esas siglas están contaminadas con la conducta personal –por sus continuas mentiras– y política, –incumpliendo sus compromisos sobre la política de pactos– de su secretario general al que sumisamente se han adherido sin la más mínima reserva, aplaudiendo en pie reiteradamente sus comparecencias en un espectáculo digno de mejor causa y que provoca auténtica vergüenza y sonrojo. Ya dijo Sánchezlain –sosias de Chamberlain– que buscaría votos «debajo de las piedras», y así ha sido, encontrados por su venerado Cerdán en Waterloo o donde hubiese sido necesario.

Hay que desmontar la falacia de que esa «mayoría» de los 179 escaños la votaron los españoles el 23 J, puesto que sin amnistía al secesionismo catalán no habría investidura, y Sánchez, su gobierno y su PSOE, habían negado reiterada y frontalmente su concesión, por lo que es totalmente exigible que sean los españoles quienes se pronuncien en las urnas. Y todo ello sin perjuicio de la infamia de tal propósito político que pretende establecer dos categorías de españoles: unos privilegiados, que son los separatistas que votan la investidura de Sánchez y que quedan al margen de la ley, y el resto, los que no le votan. «Respeto a las urnas» piden las terminales mediáticas y políticas sanchistas y deberían mirarse al espejo: porque mintieron haciendo ahora lo contrario de lo que prometieron a los votantes.