La estrategia de la deslegitimación

A las primeras -y nada afortunadas- reacciones frente al fallo anunciado en el caso del Fiscal General le ha seguido una suerte de declaraciones que, por su gravedad, parecen insertarse en lo que bien pudiera calificarse como una estrategia concertada de deslegitimación del Poder Judicial, y en particular del Tribunal Supremo. Sería un error sobreestimar su eficacia: en términos prácticos, su efecto es inane, pues ninguna descalificación política altera la solidez de un Estado de Derecho. Pero que dichas reacciones carezcan de eficacia no significa que carezcan de importancia. Muy al contrario: preocupan por lo que revelan sobre la forma de entender la política y los límites institucionales en una democracia liberal. Conviene partir de que la defensa pública de la inocencia de un condenado no es en sí misma problemática. Forma parte de la libertad de expresión y poca o nula incidencia tiene en la imagen o el prestigio del Poder Judicial, por más que pueda resultar discutible en lo político. Del mismo modo, anunciar la intención de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional no merece reproche alguno. El recurso de amparo es una garantía estructural diseñada para tutelar derechos fundamentales; ahora bien, apelar a él implica sostener que pudiera haberse producido una vulneración en el proceso previo. No se debe confundir a la Corte Constitucional con una instancia judicial más, como si el Tribunal Constitucional fuese un órgano revisor de la legalidad ordinaria o una suerte de «cuarta instancia». La frase de que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» –dirigida a condicionar el juicio futuro del Constitucional– no solo denota un desconocimiento de su función, sino que hace un flaco favor a la institución, pues la introduce en un relato ajeno a su mandato. Mucho más grave, sin embargo, es que desde el propio Gobierno de una democracia liberal se haya hecho una llamada a «ocupar las calles» para protestar frente a una sentencia judicial, supuestamente en defensa de la democracia y de la institucionalidad. Tal afirmación es un auténtico oxímoron, un imposible lógico. No puede defenderse la democracia mediante la deslegitimación de uno de los poderes del Estado; no puede protegerse la institucionalidad alentando la presión callejera contra jueces y tribunales. La protesta es un derecho, sí; pero cuando se instrumentaliza para erosionar la independencia judicial, se convierte en lo opuesto a lo que dice defender. No nos detendremos –por higiene democrática– en los exabruptos que han llegado a calificar la decisión del Supremo como «golpismo judicial». Toda esta deriva es preocupante precisamente porque apunta a un fenómeno más profundo: el frentismo como método de acción política. El cuestionamiento sistemático de un poder del Estado, la descalificación de sus órganos y la sospecha lanzada sobre una unidad excelentemente valorada de la Guardia Civil –como si formara parte de una conspiración– no es grave por su eficacia real, que es nula; es grave por su intencionalidad y por el mensaje que transmite a la sociedad. Y ese mensaje, en esencia, es el siguiente: cuando una resolución judicial no le guste, no pierda tiempo buscando argumentos jurídicos para combatirla en las instancias previstas; descalifique al juez o al tribunal. La autoridad judicial no se sostiene solo en la ley, sino también en el clima democrático que rodea su ejercicio. Alimentar la idea de que los jueces actúan movidos por motivaciones espurias o por intereses políticos no solo daña la confianza pública, sino que desarma a la ciudadanía frente a uno de los pilares esenciales de su libertad: la independencia judicial. En democracia no es el tiempo el que pone las cosas en su sitio: es la voluntad soberana del pueblo español expresada en unas elecciones democráticas.