España es un país de clichés que se instalan en la conciencia colectiva después de ser machaconamente repetidos desde las instancias oficiales y sus altavoces mediáticos. Uno de los más cacareados es el que señala que gozamos de la mejor sanidad pública del mundo y que esta es la gran joya de nuestro Estado del Bienestar. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en este aserto que han convertido casi en dogma de fe nuestros orondos políticos? Lo ocurrido durante la pandemia nos dio pistas sobre cuál es la respuesta correcta y lo que sucede ahora, ya en postpandemia, no hace sino ratificarlo. La realidad es que la sanidad española se está quedando obsoleta. La infrafinanciación pública y un modelo de gestión arcaico e ineficiente han hecho que se rompa por todas las costuras, algo que ya avisó que ocurría la reputada Comisión Abril, allá por principios de los años noventa, sin que nadie se rasgara por ello las vestiduras. De forma simplista, puede afirmarse que el resultado es que el sistema suele atender con rapidez los problemas de salud aparentemente urgentes, pero los que no aparecen revestidos de esa urgencia, los latentes y hasta los crónicos quedan envueltos en una maraña burocrática que hace que queden en el limbo de las listas de espera hasta que son resueltos, si es que finalmente lo son. Juan Abarca apunta un dato escalofriante que describe esta situación, al hilo de los resultados de las listas de espera del primer semestre que con cuatro meses de retraso tuvo a bien divulgar el Ministerio de Sanidad: entre enero y junio los servicios de salud operaron a algo más de 1,2 millones de pacientes, pero en cambio más de 1,5 millones salieron de las listas de espera. ¿Dónde han ido a parar los 332.795 de diferencia? «Algunos, a la privada, seguro, pero el resto? Se me hiela la sangre solo de pensarlo», apunta en su blog este experto. Ante la falta de información pormenorizada y en tiempo real de la que increíblemente adolece todavía a estas alturas el Ministerio de Sanidad para podernos hacer una idea actualizada del verdadero estado del sistema, no nos queda más remedio que acudir a dichas estadísticas tardías e incompletas, que no recogen ni los tiempos de demora para acceder al médico de familia, ni los que se tarda en la realización de pruebas y la obtención del diagnóstico que recomienda la intervención quirúrgica. En ellas vemos datos alarmantes e ilustrativos de un deterioro sanitario acelerado. Ver a un especialista en traumatología lleva, por ejemplo, una media de 114 días en el conjunto del país, y a un dermatólogo, 121 días. Además del grave perjuicio que sufre el enfermo, esta grave ineficiencia tiene luego traslación en forma de bajas laborales y absentismo, un agujero por el que se dilapidan millones de euros de las empresas y de las arcas públicas. Inadmisible también es la demora media para una operación en territorios como Andalucía y Cataluña, con 160 y 148 días, respectivamente, aunque la espera es mucho mayor, pues este dato no contabiliza ni el paso por el médico de familia, ni el salto al especialista, ni el que lleva practicar las pruebas diagnósticas y obtener los resultados. ¿Es esta la sanidad pública de la que nos hablan Pedro Sánchez y Mónica García tras ocho años de gobierno «progresista»? Por cierto, ¿cuánto dinero pagamos por ello los españoles de nuestras nóminas?