En lo relativo al menos a la batalla del relato ante la opinión pública el poder judicial ha tomado clara ventaja frente al poder ejecutivo. La malograda legislatura que ya pasa de su ecuador, con claros síntomas de convertirse en la más larga y a la vez más improductiva de toda nuestra democracia, se está mostrando especialmente activa a la hora de hacer estallar los filamentos de tensión entre el poder ejecutivo -con una clara complicidad del legislativo dada la correlación de mayorías parlamentarias- y un poder judicial en otro tiempo contemplado desde la óptica de la opinión pública como especialmente lejano y ajeno a la sensibilidad social y a la calle, pero hoy convertido, por obra y gracia de los ataques desde el Gobierno y los partidos que lo apoyan, en una institución ejemplar para los ciudadanos (la demoscopia no engaña sobre este particular) y en el único reducto capaz de plantar cara con los resortes constitucionales aún libres de haber sido tuneados a quienes pretenden regar de impunidad delitos cometidos desde el poder político, bien sea la corrupción en el manejo de fondos públicos, los relacionados con el tráfico de influencias y la malversación o directamente los que se cometieron contra la integridad territorial del país por quienes hoy, desde el beneficio de indultos y amnistías, se jactan de haber agachado la cerviz del Estado.

El parón llevado a cabo hace poco tiempo por jueces y fiscales y la posterior concentración de estos colectivos a las puertas del Tribunal Supremo exigiendo la retirada de las largas manos políticas sobre el poder judicial fueron correspondidos con uno de esos espontáneos y decididos homenajes de la ciudadanía al grito de «valientes seguid resistiendo». Eso que conocemos como la calle está sabiendo discernir entre quienes realizan su trabajo instruyendo causas con mayor o menor acierto o cantidad de medios, ateniéndose a las pruebas y aplicando la ley, frente a quienes desde el poder político utilizan distintas varas de medir en función de cómo les afecta o directamente se queman la mano poniéndola en el fuego por presuntos delincuentes. La «ley Bolaños» ya escama incluso fuera de la carrera judicial, sobre todo porque, igual que nos gusta ser tratados por médicos titulados, llegado el caso siempre será mejor un juez «facha» de capacidad contrastada que otro sin filtros profesionales, pero sí ideológicos. Hay que seguir resistiendo.