De la Ley de Defensa de la República a la del sanchismo

Sabemos que el 14 de abril de 1931 fue la fecha del advenimiento de la II República tras unas elecciones municipales que, al ganarlas los republicanos en las grandes ciudades, significaría el exilio de Alfonso XIII para evitar un grave conflicto civil. El «gran sentido democrático» del gobierno provisional y de las Cortes Constituyentes de la República propició que, incluso antes de la Constitución, fuera aprobada la Ley de Defensa de la República española, el 21 de octubre, apenas seis meses después de aquella fecha, que estableció de hecho y de derecho un estado de excepción permanente, prohibiendo cualquier atisbo de crítica al nuevo régimen. El ministro de la Gobernación, auxiliado por los Gobernadores Civiles, era el plenipotenciario para la interpretación y aplicación de su régimen sancionador, incluyendo incautaciones a los periódicos u otros medios impresos y confinamientos y destierros forzados a los críticos con el régimen sin competencia judicial alguna. Es de particular interés en este momento lo que decía su artículo 1-III: «Son actos de agresión a la República… la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público». Es decir ni libertad de expresión, ni de manifestación, entre otras carencias de los derechos fundamentales y libertades públicas que caracterizan a una democracia parlamentaria.

Como vemos la tesis «del lodazal, el fango y los bulos» no es original de Umberto Eco y mucho menos de Sánchez, sino de sus progresistas antecesores republicanos de hace 93 años. Su anunciada ley de calidad democrática con el foco puesto en los jueces y los medios de comunicación bien podría denominarse «ley de defensa de Sánchez» (o del sanchismo que es su régimen político). También su anunciada «resignificación» de la Basílica pontificia del Valle de los Caídos, con la expulsión de la comunidad benedictina encargada del culto en el recinto tiene connotaciones con los talibanes -tan dados a esas singulares «resignificaciones»- y con esos tan progresistas antecesores suyos, responsables de la mayor persecución religiosa de la bimilenaria Historia de la Iglesia Católica. En esa progresista ley de Defensa de la República coexisten singulares connotaciones con su idea respecto a la libertad de creencias, de conciencia y de culto. Muy propio del PSOE sanchista, continuador del de 1934 a 1939, que impide sea nombrada Leonor, la princesa de Asturias, hija adoptiva de Mallorca, y del que habló Pachi López, su portavoz parlamentario -ahora entusiasta sanchista-, que desde la Tribuna del Congreso se dirigió a Feijóo refiriéndose despectivamente a «su querida Casa Real». Es el actual PSOE.