Libertad, igualdad e intimidad

No es ninguna novedad. Nació como herramienta jurídica en la década de los 60 del siglo pasado en Estados Unidos con el objetivo de corregir desigualdades, en especial aquellas que tenían su origen en la raza (verdadero foco de injusticias en el crisol americano). Con el tiempo, además, se extendieron a las marginaciones que sufrían las mujeres en el ámbito laboral y, desde entonces, la discriminación positiva ha sido un instrumento muy útil para modular comportamientos excluyentes y ampliar las oportunidades de todos. Y de todas. La ley de paridad anunciada por Sánchez, que, de hecho, no es más que la transposición obligatoria de la normativa europea, devuelve al debate público la pertinencia de unas intervenciones necesarias, pero que requieren modulación suficiente para no caer en las contradicciones de la injusticia y que, también, deben tener en cuenta los muchos matices que caben en la realidad.

Mientras en Estados Unidos el Supremo ya se plantea limitar esa discriminación positiva en el acceso a las universidades, en España asistimos a un desatado furor controlador, como una especie de pensamiento legislativo mágico que pretende esculpir, a golpe de norma o de arenga política, un entorno a su medida, imponiendo una visión única, entrometiéndose de más, incluso en los ámbitos más privados. Y aquí entrarían tanto los consejos-advertencias-apercibimientos de la ministra de Igualdad y su secretaria de Estado sobre las prácticas sexuales de las mujeres, cual «elenasfrancis» de camiseta morada, como la posibilidad de que funcionarios del SEPE den prioridad para conseguir un puesto de trabajo a quienes se declaren parte del colectivo LGTBI, apoyándose en la nueva Ley de Empleo. Nos arriesgamos así a que una sociedad que aspira a dotar de un plus de protección especial a los ciudadanos más vulnerables, termine preguntando por la orientación sexual en una entrevista laboral. Yo creía, de verdad, que la igualdad plena se alcanzaría con otros métodos. Ingenua.