Ya resulta excesivo que, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución, y sin ninguna situación similar conocida a lo largo de la Historia, todo un Fiscal General del Estado en pleno ejercicio de sus funciones esté siendo juzgado en el Tribunal Supremo (por su condición de aforado) por la presunta comisión de graves delitos. Sí, graves; precisamente porque la conducta penal de la que se le acusa probaría una actuación impropia de dicha elevada responsabilidad institucional, que exige una acreditada probidad por parte de su titular en el ejercicio del cargo. Que debe actuar siempre alejado de cualquier clase de vínculos o relación con intereses políticos partidistas. La división de poderes es fundamento de la democracia parlamentaria, y la conducta de Álvaro García Ortiz habría sido no solo impropia de su condición institucional, sino además de una carencia ética y moral indiscutible. Violar la ley, prevaliéndose de su cargo con información legalmente secreta, para intentar dañar la reputación de una personalidad política por ser la pareja de un ciudadano desconocido para la opinión pública es incalificable. Y resulta bochornoso que se permita la ofensa al Ministerio Público, que además representa ese juicio, con la fiscalía y la abogacía del Estado actuando no al servicio de la legalidad y del interés general, sino como los letrados defensores del encausado. Por otra parte, el precedente que significa el no haber sido cesado o dimitido García Ortiz de su cargo, como ha sido una conducta considerada obligada para cualquier cargo político, ocasiona un grave daño reputacional a España y a su Estado democrático y de Derecho. El escenario resulta surrealista, con el Gobierno acusando a los jueces y la Fiscalía –que actúa bajo el principio de jerarquía– defendiendo a su jefe de los delitos por los que se le juzga. Esta es «la calidad de la democracia» que Sánchez, con Ábalos de portavoz y garante suyo, venían a preservar con su moción de censura. Pese a esta insólita situación, la agenda informativa nacional no está centrada en ella, sino que el foco está en Carlos Mazón. Un año después de la Dana, el gobierno de España al parecer no tiene responsabilidad ninguna en lo sucedido, ni por acción ni por omisión. Lo que confirmaría que, ante la mayor tragedia humana provocada por causas naturales sucedida en un siglo, el único responsable sería el presidente del gobierno autonómico. Es decir, que el gobierno de España no tiene nada que decir ni que hacer ante una catástrofe de tales dimensiones. Sánchez, esperando que «le pidieran ayuda si la necesitaban», y huyendo como «el galgo de Paiporta», cumplió ejemplarmente con su deber.