Casi todo el mundo aprecia el consenso, pero pocos intentan poner en claro sus costes. Menos aún cuando se trata del consenso de la Transición. Estos días se cumplen cincuenta años desde la puesta en marcha oficial de la Transición de la dictadura a la democracia liberal y a la Monarquía parlamentaria. La fecha, el aniversario redondo, merecían una celebración nacional. Pues bien, el Gobierno socialista se ha concentrado en celebrar como un éxito histórico la muerte de Franco, y la llegada de la democracia como un trágala. Mientras, Don Juan Carlos, el gran protagonista de aquellas fechas, vive cancelado en el exilio... Algo muy profundo está roto en la democracia española.

En su discurso de proclamación, el 22 de noviembre de 1975, Don Juan Carlos dejó claro el objetivo de acuerdo en torno al cual quedaban convocadas las fuerzas políticas que quisieran sumarse. En esas palabras estaba muy presente la historia: la reciente, que implicaba la imposibilidad de continuar un régimen agotado, incluso para sus protagonistas y mantenedores y, en la otra punta del espectro, el desastre de las dos experiencias democráticas, la de 1868-1874 y la de 1931-1936. Entonces, entre 1975 y 1978, hubo memoria, pero encaminada a soslayar errores bien presentes en el recuerdo. No a repetirlos, como ocurre hoy en día.

Así se logró alcanzar un acuerdo amplio plasmado luego en la Constitución de 1978. Demasiado amplio, quizás. ¿Era necesario incluir en él a quienes querían destruirlo? O bien, ¿era imprescindible hacer de la democracia española una entidad ideal, respetuosa de unos derechos que algunos de los que suscribieron o se acogieron al pacto no estaban dispuestos a respetar? Al menos la búsqueda del consenso evitó la ruptura. Ningún régimen liberal de opinión se ha construido nunca sobre la violencia revolucionaria. Y por eso mismo, aunque la realidad ha cambiado mucho desde entonces, aquel acuerdo debería estar presente como el fondo perpetuamente vigente de la vida española.

Transcurridos cincuenta años en democracia, sabemos que no es del todo así. Los atentados del 11 de marzo de 2004 y el enfrentamiento subsiguiente atizado por el PSOE –ensayo de un enfrentamiento civil–, lo desarmaron. La crisis de 2008, que no fue sólo económica, mostró el precario estado del régimen. La victoria de la ETA y del nacionalismo vasco en 2011, el intento de secesión de Cataluña, la alianza de socialistas, etarras y secesionistas formulada en 2018 y la ley de Amnistía acabaron de deshacerlo. Hoy existe un acuerdo por defecto, un silencio saturado de ruido que permite seguir haciendo como que vivimos en alguna clase de normalidad y aplazar así cualquier solución.

El empeño de los socialistas por celebrar la muerte de Franco no ha tenido éxito. Ni ellos mismos creen nada de lo que están diciendo. En cambio, no ha dejado de tener su utilidad. Acoplada la celebración a las leyes de Memoria, ha revelado el propósito de esas mismas leyes. Por fin la democracia española se ha hecho militante… contra el consenso de la Transición. Así se va imponiendo la convicción de que la Transición, en lugar de estar basada en un acuerdo para el cambio a la democracia, lo está en otro destinado a prolongar el régimen totalitario, en vocabulario de izquierdas, de Franco. Acabar con el resultado de aquel acuerdo es por tanto el objetivo más acuciante del socialismo español.

Ante esta actitud, el Partido Popular es el otro gran partido heredero de quienes participaron en aquel cambio. Por lógica histórica y política, debería ser el protagonista de un gran impulso para la formulación de un nuevo acuerdo que rectifique en lo que sea necesario el acuerdo de la Transición. Sin embargo, el PP prefiere mantenerse retraído. Por ahora, parece pensar que en algún momento, cuando caiga el actual Gobierno, llegará la hora de restaurar el consenso de 1978, sin descartar de él a los nacionalistas. En el siglo pasado, el PP sólo atrajo al electorado cuando abandonó la doctrina de la «mayoría natural». Hoy conviene recordar que tampoco los consensos caen del cielo. Se crean con liderazgo, propósito y apelación a la opinión pública.

De las nuevas fuerzas políticas surgidas de las grietas del acuerdo de 1975-1978, Podemos y sus aledaños han sido incorporados y digeridos por el socialismo. Vox, por su parte, ha tomado nota de la situación, y el aniversario le da la ocasión de seguir desligándose de cualquier compromiso con la supervivencia de lo que se ha dado en llamar el «régimen del 78». En la segunda doctrina de la izquierda, el verdadero protagonista de la Transición fue el pueblo español. Poco importa que eso contradiga el relato, también propio de la izquierda, según el cual la Transición continuó la dictadura. Aplicando este análisis, hoy -se podría decir-, Vox vendría a ser el partido que aspira a representar la creciente desafección popular hacia el statu quo. Lo está consiguiendo, aunque tal vez a costa de la elaboración de un programa de gobierno y sobre todo, de cualquier propuesta de consenso acerca de lo que viene después del colapso.

Nos encontramos por tanto ante una celebración hiperpolitizada de unas fechas que deberían haber servido para apuntalar el régimen y nuestra conciencia de españoles. Queda la Corona, que fue la impulsora, en la persona del hoy cancelado Don Juan Carlos, de aquel cambio histórico y del no menos histórico procedimiento de búsqueda de acuerdos. Claro que la posición de la Institución es tan delicada, entre el recuerdo del pacto y la dificultad para renovarlo, que merece más larga reflexión.

José María Marco, es profesor universitario.