Nada nuevo bajo el sol

«Este partido estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita y fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones». Esto decía el 5 de mayo de 1910, en el Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias Posse, a la sazón fundador del PSOE. El hombre llevaba una temporada atacado de los nervios y en julio le soltó al líder conservador, Antonio Maura, que «hemos llegado al extremo de considerar que, antes que S. S. suba al Poder, debemos llegar hasta el atentado personal». Pasadas dos semanas, Maura sufrió un atentado al que sobrevivió.

Obvio lo de Maura –y ya es fuerte– me quedo con lo primero y es que, por conocido que sea, tal pensamiento no por ello queda exento de análisis. Reléanlo y verán que hablaba de «legalidad» y la lógica impone que tendría en igual consideración a quienes la aplican, los jueces. Concluyendo, para el fundador del PSOE leyes y jueces compartirían suerte y su partido sólo respetaría lo legislado y resuelto de coincidir con sus intereses.

Nuestra vida política de 2025 no es la de 1910, nos hemos civilizado bastante, pero viendo y oyendo lo que sus tataranietos siguen diciendo sobre los jueces, me pregunto si por su organismo político no sigue circulando el virus de esa forma, no ya totalitaria, sino burda, garbanceramente burda –en términos valleinclanescos– de entender la política y, no sin desaliento, concluyo que el virus resiste. El antibiótico constitucional y europeo parece ineficaz.

Recordemos cómo se las gastaba el PSOE con el magistrado Marino Barbero, que investigaba su financiación ilegal. Socialistas ahora aplaudidos por la derecha bien que lo descalificaron y Rodríguez Ibarra soltó aquello de que Barbero, como otros magistrados, no pagaban sus deudas bancarias y no se quedó ahí: dijo que interfería en la política «dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en política poniendo bombas».

Otro ejemplo –uno más– fueron los ataques a la instructora de los ERE andaluces. La tildaban de «justiciera» (¡Chaves!) o de prevaricadora (Villarrubia, portavoz parlamentario); es más, Guerra insinuó que tendría un lío con un alcalde, obviamente del PP. Pero quizás el cénit de tanta iracundia antijudicial fue la concentración –ojo al dato–, con González a la cabeza, para aplaudir a Barrionuevo y Vera al entrar en prisión, condenados por el Tribunal Supremo por terrorismo de Estado. Y, en fin, bien grabada quedó –malditos micrófonos– el desahogo de González con el entonces presidente de la Audiencia Nacional: «¿Es que no hay nadie que le diga a los jueces lo que tienen que hacer?».

Vivimos en bucle. La única «mejora» es que, con los años, ahora los cargos públicos cuidan más las formas y hasta dicen respetar a la Justicia, pero no nos engañemos: ánimo de insultar lo hay, sólo que subrogan el ejercicio de tan deplorable práctica en sicarios de variado pelaje. Todo esto parece que forma parte ya de su idiosincrasia. Su compatibilidad con la Justicia es algo que no parecen saber gestionar en términos de decencia constitucional, es más, han creado hábito y, a su izquierda, radicales de toda ralea se apuntan al linchamiento o hacen que a la descalificación acuda un puñado de jueces o fiscales que no pasan de activistas políticos, conmilitones de partido; o exjueces, santones de la progresía judicial a los que, ya en su vejez y achacosos, los bajan de sus hornacinas, los desempolvan y procesionan por radios o televisiones o, rizando el rizo, a la lapidación se apunta algún exjuez prevaricador que pontifica sobre el respeto a las leyes, la decencia y buen hacer judicial.

Pero si malo es el insulto, peor es que acabe en un ajuste de cuentas en el BOE. Recordamos a Guerra por aquello de que Montesquieu ha muerto –lo dijo refiriéndose al Tribunal Constitucional– pero fue autor de otra invectiva tremenda: «Con este Tribunal Supremo no podemos gobernar». Y manos a la obra: vino la reforma judicial de 1985, el asalto al Consejo General del Poder Judicial, las jubilaciones masivas o intervenir en el ingreso en la Carrera Judicial. Lo mismo que ahora con la reforma proyectada para que su fiel grupúsculo de jueces o fiscales mute de milicianos en ejército profesional.

De poco vale dejar en evidencia sus falsedades como que la Judicatura es franquista cuando toda es posterior a 1975 o desmentir con datos que no está copada por vástagos de familias pudientes o demostrar que ideológicamente los jueces reflejan la sociedad. Y es que, aun momificado en la Historia, el talante de Pablo Iglesias Posse pervive: sus herederos, incapaces de abandonar el cavernario totalitarismo del tatarabuelo fundador, quedan impedidos para alumbrar una socialdemocracia europea, moderna, respetuosa con el Estado de Derecho, que camine en política tierra adentro, alejada del precipicio de lo ilegal.

José Luis Requero, es magistrado del Tribunal Supremo.